La violencia ligada al crimen organizado en Morelos alcanzó un nuevo nivel de preocupación luego de que el obispo de Cuernavaca y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Ramón Castro Castro, denunciara que en algunas comunidades del estado grupos delictivos ya no sólo cobran extorsiones a comercios o productores, sino también a familias por el simple hecho de habitar sus viviendas. La acusación fue realizada durante la XII Caminata por la Paz celebrada en Cuernavaca, donde miles de personas exigieron mejores condiciones de seguridad.
La denuncia se concentra en la comunidad de Huautla, perteneciente al municipio de Tlaquiltenango, donde habitantes habrían reportado presiones económicas y amenazas para permanecer en sus propios hogares.
Cobros ilegales ya afectarían a familias y no sólo a negocios
De acuerdo con el líder religioso, organizaciones criminales impusieron cuotas a residentes únicamente por tener una vivienda en la zona.
“Cobran cuota, cobran piso simplemente por vivir allí”, expresó el obispo al describir la situación denunciada por pobladores. También señaló que el objetivo sería generar miedo y ejercer control territorial sobre las comunidades.
El señalamiento representa una escalada respecto al tradicional “derecho de piso”, delito generalmente asociado con comerciantes, transportistas o productores agrícolas. En este caso, la extorsión alcanzaría directamente a familias que habitan inmuebles propios.
Especialistas advierten que este tipo de prácticas suelen aparecer cuando grupos criminales buscan apropiarse de territorios o fortalecer mecanismos de control social mediante amenazas y desplazamiento indirecto de población.
Amenazas obligaron a sacerdote a abandonar la comunidad
El obispo también denunció que la presión del crimen organizado habría provocado la salida del párroco de la iglesia de San Francisco de Asís, ubicada en Huautla.
Según explicó, el sacerdote dejó temporalmente la comunidad después de recibir amenazas que pusieron en riesgo su seguridad.
“El sacerdote tuvo que retirarse para proteger su vida”, indicó Castro durante la movilización por la paz.
La situación elevó la preocupación dentro de la Iglesia católica, especialmente porque las parroquias suelen funcionar como espacios de acompañamiento social en regiones afectadas por violencia y desplazamiento.
Marcha por la paz exhibe preocupación ciudadana en Morelos
Las declaraciones ocurrieron durante una movilización donde participaron ciudadanos vestidos de blanco, organizaciones civiles y representantes religiosos que recorrieron calles de Cuernavaca para exigir acciones contra homicidios, desapariciones y extorsiones.
Durante el evento, Ramón Castro afirmó que gran parte de la población morelense vive bajo percepción de inseguridad y miedo constante debido al avance de grupos criminales en distintas regiones del estado.
La denuncia reabre el debate sobre el crecimiento del control territorial del crimen organizado y el impacto que tiene sobre comunidades rurales donde las estructuras institucionales suelen ser más limitadas.
Morelos enfrenta nueva alerta por extorsión y control territorial
El caso de Huautla coloca nuevamente a Morelos dentro del foco nacional en materia de seguridad.
La acusación de cobros por habitar viviendas muestra una modalidad de presión distinta a la extorsión tradicional y plantea un escenario donde el control criminal podría extenderse hacia derechos básicos como la permanencia en el propio hogar.
Hasta el momento no se ha informado sobre detenciones relacionadas con estos hechos, mientras autoridades estatales y federales mantienen seguimiento a la situación denunciada por la diócesis.
