El Gobierno de Estados Unidos lanzó una advertencia contra funcionarios que presuntamente protegen a organizaciones criminales, después de que Ismael “El Mayo” Zambada fuera condenado a cadena perpetua por una corte federal de Nueva York.
Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos, afirmó que la administración de Donald Trump mantiene bajo vigilancia a servidores públicos presuntamente relacionados con el narcotráfico. “Si no cooperan con nosotros, vamos por ustedes y se van a arrepentir”, declaró.
Advertencia se dirige contra presuntas redes de protección
Carter señaló que la estrategia estadounidense busca desmantelar las estructuras políticas, financieras y logísticas que permiten operar a los cárteles. Aseguró que no es posible debilitar completamente a esas organizaciones sin retirarles sus recursos económicos.
La funcionaria también reconoció la cooperación del Gobierno de México en operaciones contra grupos criminales. No obstante, sostuvo que Estados Unidos continuará investigando a políticos, policías u otros servidores públicos que presuntamente hayan proporcionado protección institucional.
Zambada admitió haber corrompido autoridades mexicanas
Durante su declaración de culpabilidad en agosto de 2025, Zambada reconoció que su organización pagó sobornos a policías, militares y políticos en México para proteger cargamentos de droga, integrantes del cártel y otras actividades ilícitas.
“El Mayo”, de 76 años, admitió haber traficado grandes cantidades de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo durante varias décadas. El 20 de julio de 2026 fue sentenciado a prisión perpetua y recibió una orden para entregar 15 mil millones de dólares vinculados con ganancias criminales.
Autoridades estadounidenses prometen nuevas investigaciones
Terry Cole, administrador de la DEA, describió la condena como la caída del mito de que algunos líderes criminales se encuentran fuera del alcance de la justicia estadounidense. Señaló que la declaración de culpabilidad representa el reconocimiento del daño provocado por la organización.
Hasta ahora, las autoridades estadounidenses no han presentado públicamente una lista completa de funcionarios mexicanos bajo investigación derivada del caso Zambada. Tampoco han informado si las declaraciones del exlíder criminal permitirán formular nuevas acusaciones.
Por ello, cualquier señalamiento contra servidores públicos deberá sustentarse en investigaciones y pruebas presentadas ante una instancia judicial. La advertencia política no constituye por sí misma una acusación formal ni demuestra la responsabilidad de personas específicas.
La sentencia contra Zambada intensificó la atención sobre las redes de corrupción que facilitaron la operación del Cártel de Sinaloa y sobre la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos para combatir el narcotráfico.
