El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, afirmó que no permitirá nuevas elecciones que posibiliten la llegada de la oposición al Gobierno y anunció la preparación de leyes destinadas a impedir la alternancia política.
La declaración fue pronunciada el 19 de julio de 2026 durante un acto en Managua por el 47 aniversario de la Revolución Sandinista. Ortega, de 80 años, gobierna de manera ininterrumpida desde enero de 2007.
Ortega afirma que la oposición no llegará al poder
“Aquí no volverá a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder”, declaró el mandatario ante simpatizantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional.
Ortega acusó a los grupos opositores en el exilio de recibir financiamiento de Estados Unidos y de buscar el poder para obtener beneficios económicos. Sin embargo, no explicó cómo se aplicaría la eliminación o restricción de los procesos electorales previstos para 2027.
Gobierno prepara leyes para impedir participación opositora
El gobernante adelantó que trabajará con la Asamblea Nacional y organizaciones afines para desarrollar leyes que establezcan “un muro” contra las personas y grupos a los que califica como golpistas y vendepatrias.
El oficialismo controla la Asamblea Nacional y las principales instituciones públicas, por lo que cuenta con capacidad legislativa para aprobar cambios electorales. La oposición sostiene que el anuncio confirma el cierre de cualquier posibilidad de competencia democrática.
Reforma constitucional concentró el poder presidencial
En febrero de 2025 entró en vigor una reforma constitucional que designó a Ortega y a su esposa, Rosario Murillo, como copresidentes. La modificación extendió el mandato presidencial de cinco a seis años y permitió la relección indefinida.
La reforma también subordinó los poderes Legislativo, Judicial y Electoral a la Presidencia, amplió el control estatal sobre los medios de comunicación y estableció que Murillo asumiría el poder en caso de ausencia de Ortega.
Comunidad internacional cuestiona situación democrática
La Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, Estados Unidos y el Parlamento Europeo han denunciado el deterioro institucional y las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.
Las elecciones de 2021 fueron cuestionadas internacionalmente después de que dirigentes opositores fueran detenidos o inhabilitados. Desde las protestas de 2018, el Gobierno también ha encarcelado, expulsado o retirado la nacionalidad a críticos, periodistas, religiosos y activistas.
Las declaraciones de Ortega representan el anuncio más explícito sobre su intención de impedir que el voto permita una transición política. No obstante, todavía no se conocen las reformas específicas ni el futuro del calendario electoral de 2027.
