Fricción Pública
Por Antonio Trejo
Análisis, contexto y opinión sobre los temas que definen a México.
————————————————————————–
Por décadas, México ha intentado convencer al mundo de que la democracia se fortalece con instituciones, elecciones y libertades constitucionales. Sin embargo, cada vez que una periodista desaparece, es secuestrada o es asesinada por ejercer su trabajo, esa narrativa se derrumba de manera estrepitosa.
La desaparición de la periodista veracruzana Roxana Berenice Guzmán Ramírez no es solamente un nuevo episodio de violencia criminal. Es, en realidad, una radiografía brutal de uno de los mayores fracasos del Estado mexicano: su incapacidad para garantizar la libertad de expresión y la seguridad de quienes tienen la responsabilidad de informar.
La mañana del 2 de junio de 2026, hombres armados irrumpieron en el domicilio de la periodista en Nanchital, Veracruz, y se la llevaron por la fuerza. Roxana Guzmán es directora del medio digital Pulso Informativo del Sureste y, de acuerdo con los reportes conocidos hasta ahora, el ataque ocurrió frente a familiares y quedó parcialmente documentado en imágenes que posteriormente circularon en redes sociales. Autoridades estatales y federales desplegaron operativos de búsqueda, mientras organizaciones de defensa de periodistas exigieron que la investigación considere de manera prioritaria su actividad periodística como posible móvil del crimen.
La pregunta obligada no es únicamente dónde está Roxana.
La pregunta verdaderamente incómoda es: ¿cómo llegamos otra vez a este punto?
Porque este caso no ocurre en el vacío.
México lleva más de dos décadas construyendo una reputación internacional devastadora en materia de libertad de prensa. Lo que alguna vez fue considerado un problema focalizado en determinadas regiones dominadas por el crimen organizado se ha convertido en una crisis estructural que atraviesa prácticamente todo el territorio nacional.
Las cifras son contundentes.
De acuerdo con datos de Artículo 19, durante 2025 México registró siete periodistas asesinados y una desaparición relacionada con el ejercicio periodístico, además de 451 agresiones contra integrantes de la prensa. La organización sostiene que el país continúa encabezando los índices regionales de violencia contra periodistas en América Latina.
Más alarmante aún resulta observar la dimensión histórica del problema.
Desde el año 2000, organizaciones especializadas han documentado entre 175 y 176 periodistas asesinados en México, además de decenas de desapariciones que continúan sin resolverse. Algunas estimaciones hablan de más de 30 comunicadores desaparecidos durante este periodo.
Son cifras propias de un país en conflicto armado.
Pero México no está oficialmente en guerra.
Y, sin embargo, para quienes ejercen el periodismo en ciertas regiones del país, la realidad cotidiana se parece demasiado a un escenario bélico.
Veracruz, por supuesto, ocupa un lugar especial dentro de esta historia.
La entidad arrastra desde hace años una dolorosa herencia de agresiones contra periodistas. Diversos gobiernos estatales han prometido cambios, mecanismos de protección y coordinación con autoridades federales. Sin embargo, los resultados continúan siendo insuficientes.
Cada nuevo caso revive la misma secuencia: condenas públicas, comunicados institucionales, anuncios de operativos y promesas de justicia.
Después llegan el silencio, el desgaste mediático y, en demasiadas ocasiones, la impunidad.
Lo más preocupante es que esta normalización del horror ha generado una especie de resignación colectiva. La sociedad escucha que un periodista fue amenazado, desaparecido o asesinado y, aunque existe indignación momentánea, pocas veces se comprende la dimensión real del daño.
Porque cuando secuestran a una periodista no están atacando únicamente a una persona.
Están atacando una función democrática.
Están enviando un mensaje de miedo a todos los reporteros de la región.
Están diciendo que investigar puede costar la vida.
Están advirtiendo que ciertas historias no deben contarse.
Y cuando ese mensaje logra su objetivo, las consecuencias alcanzan a toda la sociedad.
La autocensura es uno de los efectos más devastadores de la violencia contra la prensa.
No deja huellas visibles.
No aparece en estadísticas criminales.
No genera imágenes impactantes para los noticieros.
Pero destruye silenciosamente la capacidad de una comunidad para conocer lo que ocurre a su alrededor.
Un periodista que decide no publicar una investigación por temor.
Un medio local que evita cubrir temas de corrupción.
Un reportero que deja de asistir a determinadas zonas porque sabe que no regresará seguro.
Todo eso constituye una derrota para la democracia.
Y ocurre todos los días.
La paradoja es que vivimos en la era de la sobreinformación.
Nunca antes hubo tantas plataformas digitales, redes sociales y herramientas tecnológicas para difundir contenido.
Sin embargo, nunca había sido tan peligroso para muchos periodistas documentar la realidad en determinadas regiones del país.
La tecnología ha cambiado las formas de comunicar.
No ha eliminado los riesgos de contar la verdad.
El caso de Roxana Guzmán también debería abrir una reflexión profunda sobre la protección institucional.
México cuenta con mecanismos de protección para periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Existen protocolos, fiscalías especializadas y marcos normativos diseñados para prevenir agresiones.
Sobre el papel, el sistema parece robusto.
En la práctica, los resultados continúan siendo insuficientes.
Las propias organizaciones especializadas han advertido que muchas investigaciones siguen sin considerar desde el inicio la labor periodística como una línea central de investigación. Además, la impunidad continúa siendo uno de los principales incentivos para que los agresores actúen con confianza.
La impunidad es el combustible de esta violencia.
Cuando quienes atacan periodistas observan que la mayoría de los casos no concluyen con sentencias firmes, el mensaje que reciben es simple: pueden volver a hacerlo.
Y lo hacen.
Por eso, la exigencia de localizar con vida a Roxana Guzmán es apenas el primer paso.
La segunda exigencia debe ser una investigación seria, profesional e independiente.
La tercera, quizá la más difícil, consiste en romper el ciclo histórico de impunidad que ha acompañado los crímenes contra la prensa en México.
Porque encontrar a los responsables materiales no basta si nunca se identifica a quienes ordenaron el ataque.
Y castigar a unos cuantos tampoco será suficiente mientras persistan las condiciones que permiten que estos hechos se repitan.
México necesita entender que la libertad de expresión no es un privilegio de periodistas y medios de comunicación.
Es un derecho colectivo.
Cada investigación publicada sobre corrupción, abuso de poder, crimen organizado o violaciones a derechos humanos fortalece la capacidad de la ciudadanía para tomar decisiones informadas.
Cuando una periodista desaparece, todos perdemos una parte de ese derecho.
Por eso el caso de Roxana Guzmán no debe convertirse en una nota más dentro del interminable archivo de agresiones contra la prensa.
Debe convertirse en una línea roja.
En un punto de inflexión.
En una advertencia de que la violencia contra periodistas ya no puede ser vista como un problema sectorial.
Porque cuando el miedo silencia a quien informa, la oscuridad termina alcanzando a toda la sociedad.
Y una democracia que no puede proteger a quienes cuentan la verdad es una democracia que empieza a perder la capacidad de reconocerse a sí misma.
La desaparición de Roxana Guzmán no debe convertirse en una cifra más dentro de las estadísticas de violencia que golpean a México. Su caso nos obliga a cuestionar qué tan sólida puede ser una democracia cuando quienes informan viven bajo amenaza constante. La libertad de expresión no se defiende únicamente desde las redacciones o los tribunales; también se protege desde la participación ciudadana, la exigencia de justicia y la negativa a normalizar el silencio.
¿Tú qué opinas? ¿Crees que México está haciendo lo suficiente para proteger a periodistas y comunicadores? Te invito a compartir tu punto de vista y a sumarte a esta conversación.
Sígueme para leer más columnas de análisis, opinión y reflexión sobre los temas que están marcando el presente y el futuro de nuestro país. Tu voz también forma parte del debate.
