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Estacionamientos en CDMX serán responsables por robos y daños: así cambiarán las reglas para proteger a los automovilistas

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Una nueva medida aprobada en la Ciudad de México transformará por completo la relación entre los automovilistas y los estacionamientos de la capital: a partir de 2025, todos los establecimientos dedicados al resguardo de vehículos deberán hacerse responsables por robos, daños o pérdidas ocurridas dentro de sus instalaciones.

La reforma fue impulsada por el Congreso de la CDMX y busca garantizar la protección de los usuarios, quienes por años han enfrentado vacíos legales que permitían a los dueños de estacionamientos deslindarse de cualquier responsabilidad. Con esta nueva disposición, los consumidores podrán exigir reparación o indemnización si su vehículo sufre algún daño mientras se encuentra bajo resguardo pagado.

Una medida que responde a una demanda ciudadana histórica

Durante décadas, los conductores capitalinos se han enfrentado a una situación ambigua: la mayoría de los estacionamientos colocaban letreros con la frase “no nos hacemos responsables por daños o robos”, lo que generaba la falsa percepción de que estaban legalmente protegidos frente a cualquier reclamo.

Sin embargo, en realidad, el Código Civil Federal y la Ley de Establecimientos Mercantiles ya establecían ciertas obligaciones sobre el cuidado de los bienes depositados. La nueva reforma busca eliminar las ambigüedades y reforzar los derechos del usuario, estableciendo con claridad que el resguardo del vehículo implica responsabilidad total del establecimiento.

“El servicio de estacionamiento es, por definición, un contrato de depósito. Si el conductor entrega su auto a un tercero a cambio de una contraprestación, ese tercero debe garantizar su integridad”, explicó Sandra Cuevas, diputada integrante de la Comisión de Movilidad del Congreso capitalino. “Era absurdo que los usuarios asumieran los riesgos mientras los negocios lucraban con el espacio.”

Qué dice la nueva norma

La modificación fue incorporada al Reglamento de Establecimientos Mercantiles y de Estacionamientos Públicos de la CDMX, y establece que todos los negocios deberán:

1. Emitir boletos o comprobantes numerados que registren la hora de ingreso, las placas y el modelo del vehículo.

2. Contar con sistemas de videovigilancia y seguro de cobertura básica contra robo total o parcial, así como por daños causados durante el resguardo.

3. Conservar los registros de video al menos por 15 días posteriores a cada evento.

4. Publicar en lugar visible los derechos del usuario, incluyendo los procedimientos para presentar quejas o reclamaciones ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

En caso de incumplimiento, los establecimientos podrán enfrentar multas de hasta 300 mil pesos y, en situaciones graves o reincidentes, la revocación de la licencia de operación.

Impacto en los automovilistas y en la industria

Para los automovilistas, la medida representa una garantía largamente esperada. Ahora, si un vehículo es rayado, robado o sufre la pérdida de algún accesorio dentro de un estacionamiento, el usuario podrá exigir compensación directamente al establecimiento sin necesidad de largos procesos judiciales.

“Es un paso hacia la justicia para miles de capitalinos que han sido víctimas de robos o daños y no tenían a quién reclamar”, opinó Eduardo López, abogado especialista en derecho del consumidor. “La obligación de asegurar y registrar los vehículos pone fin a la impunidad con la que operaban muchos estacionamientos.”

Para los dueños de estos negocios, la reforma implica mayores responsabilidades y costos operativos, ya que deberán contratar pólizas de seguro y actualizar sus sistemas de cámaras y boletaje. Sin embargo, algunos representantes del sector reconocen que la medida podría profesionalizar la industria y recuperar la confianza del público.

“Esto puede ser positivo a largo plazo”, señaló María Teresa Gómez, presidenta de la Asociación de Estacionamientos Privados de México (AEP). “Si todos cumplimos con estándares más altos de seguridad y servicio, la gente volverá a preferir los estacionamientos formales sobre los improvisados o clandestinos.”

Un paso hacia la movilidad segura

La medida también tiene un impacto indirecto en la movilidad y la seguridad urbana. Según datos de la Secretaría de Movilidad (Semovi), en la Ciudad de México existen más de 7 mil estacionamientos formales y un número indeterminado de espacios informales que operan sin permisos ni control de seguridad.

Al exigir responsabilidad y seguros obligatorios, el gobierno busca ordenar el sector y desalentar la operación de estacionamientos irregulares.

“Queremos que la ciudadanía tenga la certeza de que su patrimonio está protegido”, declaró Andrés Lajous, titular de Semovi. “Un estacionamiento que cobra por cuidar un vehículo debe cumplir con ese compromiso. Es una cuestión de confianza y legalidad.”

Opiniones divididas entre usuarios y empresarios

Mientras muchos automovilistas celebran la iniciativa, algunos empresarios expresan preocupación por los costos adicionales. La contratación de seguros colectivos y la instalación de sistemas de videovigilancia pueden representar inversiones significativas, especialmente para pequeños estacionamientos de barrio.

No obstante, los expertos coinciden en que la medida era necesaria. “La informalidad y la falta de regulación habían generado un terreno injusto para todos”, asegura López. “Ahora los negocios responsables podrán competir en igualdad de condiciones, y los usuarios tendrán garantías reales.”

Con esta reforma, la Ciudad de México da un paso importante hacia la protección de los derechos de los automovilistas y la profesionalización del sector de estacionamientos.

El mensaje es claro: quien cobra por cuidar un vehículo debe responder por él.

La implementación plena está prevista para mediados de 2025, tras un periodo de transición que permitirá a los establecimientos adaptarse a los nuevos lineamientos. Para los ciudadanos, el cambio representa una victoria legal y práctica, que refuerza la confianza en los servicios urbanos y marca el inicio de una nueva era de responsabilidad compartida en la movilidad de la capital.

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