Fricción Pública
Por Antonio Trejo
Análisis, contexto y opinión sobre los temas que definen a México.
Hay conceptos que en política resultan casi imposibles de cuestionar porque están construidos con palabras moralmente irrebatibles. Protección, derechos, bienestar, seguridad, democracia. ¿Quién podría pronunciarse contra ellos?
Precisamente por eso son términos que exigen especial vigilancia cuando aparecen acompañados de nuevas facultades gubernamentales.
En México, la discusión sobre los llamados Derechos de las Audiencias ha regresado al centro del debate público después de que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones impulsara nuevos lineamientos destinados, según su propia definición, a garantizar que radioescuchas y televidentes reciban contenidos bajo determinadas condiciones de calidad, pluralidad, información y responsabilidad.
Sobre el papel, el propósito parece difícil de objetar.
Las audiencias tienen derechos.
Los medios tienen responsabilidades.
La publicidad debe poder distinguirse de la información.
Los ciudadanos necesitan mecanismos para presentar inconformidades.
Y quienes utilizan frecuencias del Estado deben cumplir obligaciones.
Hasta ahí no debería existir una batalla ideológica.
El verdadero problema empieza cuando la protección de las audiencias deja de limitarse a garantizar derechos y comienza a acercarse peligrosamente a la supervisión gubernamental del contenido periodístico.
Ahí cambia completamente la discusión.
Porque una cosa es defender al ciudadano frente a abusos comerciales, publicidad engañosa o incumplimientos de concesionarios, y otra muy distinta es construir una estructura desde la cual una autoridad pueda terminar determinando qué información fue correctamente presentada, qué opinión se distinguió suficientemente de una noticia o qué contenido puede considerarse falso, incompleto o descontextualizado.
Parece una diferencia técnica.
No lo es.
Es una diferencia democrática.
¿Quién decide qué es verdad?
Probablemente esa sea la pregunta más importante de toda esta discusión.
No si debe existir responsabilidad de los medios.
No si los periodistas pueden equivocarse.
No si debe existir un derecho de réplica.
Todo eso forma parte de una sociedad democrática.
La pregunta fundamental es otra:
¿Queremos que una autoridad vinculada al Estado tenga capacidad para convertirse, directa o indirectamente, en árbitro de la verdad periodística?
Supongamos que un noticiario realiza una investigación incómoda para el gobierno.
La autoridad considera que parte de la información carece de contexto.
El medio sostiene que presentó los elementos relevantes.
El funcionario involucrado argumenta que existe información falsa.
El periodista responde que sus documentos están sustentados.
¿Quién tiene la última palabra?
Porque en cuanto una institución gubernamental adquiere capacidad para interpretar conceptos tan abiertos como “descontextualización”, comenzamos a entrar en un territorio extremadamente peligroso.
El periodismo no funciona como una ecuación matemática.
Los acontecimientos tienen contexto, antecedentes, interpretaciones, prioridades editoriales y diferentes perspectivas.
Dos periodistas pueden analizar exactamente el mismo hecho y llegar a conclusiones completamente diferentes sin que ninguno esté necesariamente mintiendo.
La pluralidad democrática no consiste en encontrar una verdad oficialmente autorizada. Consiste precisamente en permitir que múltiples interpretaciones compitan en el espacio público.
Incluso las interpretaciones equivocadas.
Incluso las opiniones desagradables.
Incluso aquellas que incomodan profundamente al gobierno.
La libertad de expresión solamente demuestra su importancia cuando protege aquello que alguien poderoso preferiría que no se dijera.
El gobierno promete que no habrá censura
Desde el oficialismo se ha insistido en que los nuevos mecanismos no pretenden censurar medios ni perseguir periodistas.
Es importante reconocerlo.
También sería irresponsable afirmar que cada regulación sobre las audiencias constituye automáticamente una dictadura informativa.
No es así.
México reconoce constitucionalmente derechos relacionados con las audiencias y existe una discusión legítima sobre la responsabilidad social de quienes operan medios electrónicos.
Pero precisamente porque hablamos de libertades fundamentales, las buenas intenciones no son suficientes.
Las democracias no se diseñan confiando en que el gobernante actual utilizará correctamente sus facultades. Se diseñan imaginando qué podría hacer mañana un gobernante menos democrático con esas mismas herramientas.
Ese es el principio que debería dominar esta discusión.
Puede ser que hoy una autoridad prometa no intervenir editorialmente.
Puede ser que mañana otra interprete las normas de manera diferente.
Puede ser que pasado mañana un gobierno particularmente intolerante descubra que posee instrumentos jurídicos diseñados originalmente con objetivos aparentemente legítimos, pero extraordinariamente útiles para presionar medios críticos.
Las instituciones democráticas existen precisamente para evitar que las libertades dependan de la buena voluntad personal de quien ocupa temporalmente el poder.
Una libertad cuyo ejercicio depende de que el gobierno prometa respetarla es una libertad peligrosamente vulnerable.
La censura moderna rara vez necesita prohibir
Cuando hablamos de censura solemos imaginar escenas pertenecientes a otro tiempo: funcionarios entrando en redacciones, militares decomisando periódicos o gobiernos prohibiendo explícitamente determinadas publicaciones.
La censura contemporánea puede ser mucho más sofisticada.
No necesita ordenar: “esto no se publica”.
Puede bastar con generar incertidumbre.
Una multa potencial.
Un procedimiento administrativo.
Una investigación.
Un monitoreo permanente.
Una serie de quejas.
Una regulación ambigua.
Un concepto sujeto a interpretación.
Un empresario de medios puede preguntarse entonces si determinada investigación realmente vale el riesgo.
Un director puede pedir moderar un editorial.
Un conductor puede decidir no formular determinada acusación.
Un periodista puede preferir eliminar una frase.
Nadie recibió una llamada de censura.
Nadie prohibió formalmente la publicación.
Pero el contenido desapareció.
Eso tiene un nombre:
autocensura.
Y probablemente sea una de las formas más eficientes de controlar el debate público porque convierte al propio comunicador en su censor.
El Estado ni siquiera necesita intervenir.
Basta con crear suficientes incentivos para que los medios prefieran evitar conflictos.
Por eso las restricciones indirectas a la libertad de expresión resultan tan relevantes como la censura abierta.
Información y opinión: una frontera menos sencilla de lo que parece
Otro componente especialmente delicado es la obligación de diferenciar claramente información y opinión.
En principio parece razonable.
Un ciudadano debería saber cuándo recibe un dato y cuándo escucha la interpretación del conductor.
Pero nuevamente debemos preguntarnos hasta dónde debe llegar el Estado.
El periodismo contemporáneo combina información, análisis, contexto y opinión constantemente.
Una entrevista política incluye preguntas formuladas desde una perspectiva editorial.
Una mesa de análisis mezcla hechos con interpretaciones.
Una crónica incorpora inevitablemente la mirada de quien la escribe.
Un reportaje selecciona determinados hechos porque el periodista considera que son relevantes.
Incluso decidir qué noticia abre un informativo constituye una decisión editorial.
Pretender que información y opinión viven en compartimentos completamente aislados demuestra una comprensión demasiado simplificada de cómo funciona el periodismo.
Por supuesto que debe existir honestidad frente a las audiencias.
Lo que no debería existir es una autoridad gubernamental convertida en supervisor cotidiano de esa frontera editorial.
Porque quien puede determinar cuándo una opinión fue insuficientemente identificada puede terminar definiendo también cómo debe presentarse una noticia.
Y en democracia ese poder merece enormes contrapesos.
El contexto político importa
Estas discusiones nunca ocurren en el vacío.
México atraviesa desde hace años una relación particularmente tensa entre el poder político y diferentes sectores de la prensa.
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, los medios y periodistas críticos fueron señalados recurrentemente desde la conferencia presidencial.
Se construyó una narrativa en la que buena parte de la prensa fue descrita como conservadora, corrupta, adversaria o representante de intereses económicos.
Claudia Sheinbaum ha desarrollado un estilo propio, pero gobierna dentro de un ecosistema político heredado de aquella confrontación.
Por ello, cualquier ampliación de facultades estatales relacionadas con los contenidos informativos inevitablemente genera desconfianza.
No porque todos los funcionarios pretendan censurar, sino porque el antecedente político obliga a desconfiar de cualquier herramienta que permita al poder acercarse demasiado a las decisiones editoriales.
El gobierno tiene derecho a responder.
Tiene derecho a desmentir.
Tiene derecho a criticar a un periodista.
Tiene derecho a mostrar información distinta.
Lo que nunca debería necesitar es capacidad para influir indirectamente en qué puede decir un medio y cómo debe decirlo.
La audiencia no necesita un tutor ideológico
Existe además una premisa profundamente paternalista detrás de determinadas visiones regulatorias: considerar que los ciudadanos necesitan que alguna autoridad los proteja de interpretaciones equivocadas de la realidad.
Las audiencias no son menores de edad.
Tienen capacidad de comparar información.
Pueden cambiar de estación.
Pueden cuestionar.
Pueden consultar otras fuentes.
Pueden denunciar errores.
Pueden exigir derecho de réplica.
Pueden abandonar a un medio que pierde credibilidad.
Y hoy, además, disponen de una cantidad de fuentes informativas que habría resultado inimaginable hace apenas dos décadas.
Paradójicamente, los lineamientos se concentran primordialmente en radio y televisión mientras buena parte de la conversación política mexicana circula actualmente por plataformas digitales y redes sociales.
Esto provoca otra pregunta:
¿realmente estamos diseñando un modelo moderno de protección de audiencias o fortaleciendo la capacidad regulatoria sobre los medios tradicionales, precisamente aquellos donde todavía existe periodismo profesional organizado?
No es una cuestión menor.
Los derechos de las audiencias sí importan
Ser crítico de esta regulación tampoco significa defender un ecosistema mediático sin responsabilidades.
Los medios mexicanos tienen mucho que revisar.
Existen errores.
Existen intereses empresariales.
Existe propaganda disfrazada de información.
Existen coberturas sesgadas.
Existen periodistas que cruzan la frontera entre opinión y activismo sin decirlo claramente.
Existen conflictos de interés.
Y existen contenidos de pésima calidad.
Las audiencias merecen transparencia.
Merecen conocer cuándo existe contenido patrocinado.
Merecen mecanismos efectivos de réplica.
Merecen defensores verdaderamente independientes.
Merecen códigos éticos.
Merecen accesibilidad.
Merecen pluralidad.
Pero defender esos derechos no exige construir un ministerio de la verdad.
Ahí está precisamente el falso dilema.
No tenemos que elegir entre medios irresponsables y gobierno vigilante.
Existe una tercera posibilidad: instituciones independientes, reglas extremadamente precisas, defensores autónomos, transparencia, alfabetización mediática y mecanismos que empoderen al ciudadano sin otorgar al Ejecutivo capacidad para disciplinar contenidos.
Eso sí sería protección de audiencias.
El problema no es la regulación, sino el poder
Toda democracia regula.
Regula frecuencias.
Regula publicidad.
Regula competencia económica.
Protege derechos de niñas y niños.
Protege privacidad.
Establece responsabilidades posteriores cuando alguien difama o comete algún ilícito.
Por lo tanto, afirmar que cualquier regulación equivale a censura sería intelectualmente pobre.
El debate serio es otro.
¿Qué poder recibe el Estado, qué conceptos quedan sujetos a su interpretación y qué mecanismos existen para evitar abusos?
Esas preguntas deben responderse antes de aprobar cualquier lineamiento.
Porque el problema de las leyes ambiguas no siempre está en lo que pretenden hacer hoy.
Está en lo que permiten hacer mañana.
Y México debería haber aprendido suficientemente bien esa lección.
La libertad de expresión también protege las equivocaciones
Existe otro principio incómodo pero indispensable.
En una sociedad libre también existe derecho a equivocarse.
Un periodista puede interpretar mal un acontecimiento.
Un analista puede hacer una predicción absurda.
Un conductor puede formular una opinión profundamente cuestionable.
Un medio puede publicar información incorrecta y después corregirla.
Eso no significa que todo esté permitido ni que no existan responsabilidades.
Significa que el remedio democrático frente a una mala idea normalmente debe ser una mejor idea; frente a una información incorrecta, más información; frente a una opinión cuestionable, debate.
Cuando el Estado comienza a establecer categorías sobre qué discurso merece sanción administrativa, la frontera puede desplazarse lentamente.
Primero será una falsedad evidente.
Después una información considerada incompleta.
Más tarde una interpretación “descontextualizada”.
Finalmente podría ser una opinión que resulte políticamente inconveniente.
Ese recorrido no es inevitable.
Pero precisamente para impedirlo existen las salvaguardas democráticas.
Proteger sin controlar
Los Derechos de las Audiencias pueden ser una herramienta legítima para fortalecer el ecosistema informativo mexicano.
Pero solamente si su arquitectura tiene un principio irrenunciable:
proteger al ciudadano sin convertir al Estado en supervisor de la conversación pública.
El gobierno no debe decidir qué periodista contextualizó suficientemente una noticia.
No debe convertirse en árbitro de opiniones.
No debe tener instrumentos que puedan transformarse en mecanismos de intimidación económica.
Y ningún regulador debería poder aproximarse al contenido editorial sin controles legales extraordinariamente estrictos.
Porque hay una paradoja imposible de ignorar:
si para proteger el derecho de una persona a recibir información terminamos debilitando el derecho de otra a expresarla libremente, entonces no estamos ampliando libertades. Estamos intercambiando unas por otras.
Y los derechos fundamentales no deberían funcionar de esa manera.
México necesita audiencias críticas.
Necesita medios responsables.
Necesita periodistas rigurosos.
Necesita mecanismos de réplica.
Necesita instituciones independientes.
Pero sobre todo necesita ciudadanos capaces de escuchar múltiples voces y decidir por sí mismos cuál consideran confiable.
La democracia no necesita una verdad oficial. Necesita muchas voces disputándose la verdad frente a una sociedad libre.
Ahí debería estar la línea roja.
Porque una autoridad puede comenzar diciendo que únicamente pretende protegernos de la desinformación.
Después puede asegurarnos que sólo busca defender nuestros derechos.
Y finalmente puede terminar explicándonos qué debemos considerar información correcta.
Cuando lleguemos a ese punto, quizá todavía existan periódicos, estaciones de radio, noticiarios y periodistas.
Pero algo esencial habrá comenzado a desaparecer.
La libertad de incomodar al poder.
Y sin esa libertad, hablar de libertad de expresión sería apenas conservar el nombre después de haber perdido su significado.
