La estrategia de Estados Unidos para ampliar sus operaciones comerciales con los recursos minerales de Venezuela enfrenta un obstáculo: cargamentos de oro venezolano valorados en cientos de millones de dólares permanecen almacenados sin ser refinados, debido a dudas sobre su origen y posibles vínculos con corrupción, grupos criminales y daños ambientales.
La información fue revelada por una investigación de The New York Times retomada por distintos medios internacionales, mientras Washington ha flexibilizado durante 2026 las restricciones que anteriormente limitaban las operaciones estadounidenses con el sector aurífero venezolano.
Estados Unidos abrió nuevamente el comercio de oro venezolano
El 6 de marzo de 2026, el Departamento del Tesoro estadounidense emitió una licencia que permitió determinadas actividades relacionadas con la explotación y comercialización de minerales venezolanos.
La autorización abrió la posibilidad de que empresas estadounidenses compraran, transportaran y revendieran oro procedente de Venezuela, incluso mediante operaciones relacionadas con el Gobierno venezolano y la empresa estatal Minerven.
Días antes, funcionarios estadounidenses habían negociado un acuerdo que contemplaba el suministro de entre 650 y 1,000 kilogramos de barras de oro doré destinadas al mercado de Estados Unidos.
La operación podía alcanzar hasta una tonelada de oro, entonces valorada en aproximadamente 165 millones de dólares, y contemplaba la participación de la comercializadora de materias primas Trafigura.
Estados Unidos trasladó oro valorado en 100 millones de dólares
El secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, informó en marzo que su país había trasladado desde Venezuela oro físico con un valor cercano a 100 millones de dólares.
Burgum sostuvo que no se realizaba un envío de metales preciosos de este tipo entre ambos países desde hacía más de 20 años y explicó que el objetivo era destinar el material a actividades industriales.
El funcionario había visitado Caracas y mantenido reuniones con representantes venezolanos y ejecutivos de los sectores petrolero y minero.
Las refinerías plantean dudas sobre el origen del metal
La investigación publicada ahora señala que parte del oro enviado a Estados Unidos continúa almacenado debido a que diversas refinerías no han aceptado procesarlo.
Las empresas deben cumplir estándares internacionales de trazabilidad y verificar que el metal no proceda de operaciones relacionadas con grupos criminales, corrupción, abusos o destrucción ambiental.
El reporte atribuye a fuentes consultadas la afirmación de que determinados cargamentos podrían estar relacionados con zonas mineras donde operan grupos que cobran pagos o mantienen vínculos con actividades ilícitas. Esas afirmaciones forman parte de la investigación periodística y no equivalen a una determinación judicial sobre cada cargamento.
Un cambio frente a las restricciones anteriores
La actual política representa un giro respecto del tratamiento aplicado por Washington años atrás.
Durante su primer mandato, Trump había impuesto restricciones al sector aurífero venezolano argumentando que determinadas operaciones estaban relacionadas con corrupción, degradación ambiental y financiamiento de actores ilícitos.
En 2026, su administración modificó esa política y abrió mecanismos para que empresas estadounidenses participen nuevamente en el comercio de oro y otros minerales venezolanos. En agosto, el Tesoro amplió autorizaciones relacionadas con sectores petroleros, gasíferos, petroquímicos y mineros.
El problema actual se encuentra, por tanto, no solamente en la autorización gubernamental para comerciar el oro, sino en demostrar que cada cargamento cumple con los estándares exigidos por las compañías encargadas de refinarlo y colocarlo posteriormente en los mercados internacionales.
