En un giro legislativo de gran impacto, el Congreso mexicano aprobó un paquete de cinco reformas orientadas a reforzar el marco legal contra el crimen y el lavado de activos. Entre los cambios destacan la militarización plena de la Guardia Nacional, el acceso a múltiples bases de datos y la creación de estructuras burocráticas especializadas. El objetivo es consolidar un andamiaje legal integral que permita combatir delincuencia organizada a nivel local, federal y regional.
Militarización total de la Guardia Nacional
La reforma posiciona a la Guardia Nacional bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), otorgándole facultades para actuar en delitos del fuero federal y común, así como intervenir comunicaciones en 21 tipologías delictivas. Los elementos rendirán cuentas directamente al Senado, mientras que su mando máximo estará bajo el control del secretario de Defensa. Esta medida institucionaliza el carácter militar de la corporación, que recibe apoyo directo a municipios y estados bajo convenios formales.
Expansión del sistema de seguridad e inteligencia
El marco legal se complementa con reformas a la Ley de Seguridad Pública y a la Ley Nacional de Inteligencia. Las autoridades podrán acceder a datos biométricos, financieros y personales desde bancos, bases públicas y privadas, sin necesidad de orden judicial en varios casos. Esto incluye acceso directo a datos telefónicos y bancarios para combatir delitos como el lavado de dinero y la desaparición forzada.
Agencia antimonopolio y combate al lavado de dinero
El paquete incluye una ley para crear una nueva agencia antimonopolio, con facultades para investigar prácticas corporativas restrictivas. Además, se amplían las herramientas legales contra el lavado de dinero, con mandatos claros para identificar flujos financieros sospechosos y evitar la evasión fiscal y económica de grupos criminales.
Colaboración interinstitucional y controles locales
Las reformas establecen la cooperación entre autoridades federales, estatales y municipales, así como la participación de particulares en la recopilación de información estratégica. Se prevé también la firma de convenios con gobiernos locales, sujetos a tiempos operativos perentorios, capacitación policial e indicadores de desempeño.
Cuestionamientos y tensiones institucionales
El nuevo andamiaje generó críticas desde distintos sectores. La oposición —incluido PRI, PAN y Movimiento Ciudadano— alertó sobre los riesgos de militarización y de acceso sin salvaguardas a datos sensibles. Aunque la mayoría de Morena facilitó el paquete, persisten cuestionamientos sobre posibles violaciones a derechos humanos y a la esfera privada. Aunado a ello, el Ejército expresó reservas sobre ámbitos de inteligencia civil frente a sus atribuciones.
Presencia civil y revisión legislativa pendiente
A pesar de estas medidas, las reformas también contemplan mecanismos de rendición de cuentas, con informes obligatorios al Senado sobre operación y actividades de la Guardia Nacional. Asimismo, se avanza en la profesionalización y supervisión interna mediante un nuevo Consejo Superior de Disciplina. El Senado revisará el paquete legal durante el periodo extraordinario, con la expectativa de consolidar el andamiaje antes del 2 de julio.
El Congreso mexicano ha dado luz verde a un nuevo andamiaje legal que representa un horizonte más robusto y complejo en materia de seguridad nacional. Con la Guardia Nacional militarizada y mayores herramientas de inteligencia, el Estado busca una estrategia integral contra el crimen. Sin embargo, persisten dudas sobre los equilibrios entre seguridad, control civil y protección de derechos. El Senado será ahora el escenario decisivo para definir el resultado final de este ambicioso paquete legislativo.
