El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que Rubén Rocha Moya y los demás funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa investigados por autoridades de Estados Unidos no cuentan con protección otorgada por el Gobierno federal. La declaración fue realizada durante la conferencia matutina de este 16 de junio, en medio de la controversia generada por las acusaciones de presuntos vínculos con el narcotráfico presentadas por autoridades estadounidenses.
El tema ha cobrado relevancia debido a las investigaciones abiertas en Estados Unidos contra Rocha Moya y otros exfuncionarios sinaloenses, así como por las especulaciones sobre posibles esquemas especiales de seguridad derivados de la exposición pública que han adquirido los señalados.
“Nadie ha solicitado protección”: Harfuch
Al ser cuestionado sobre la seguridad del exgobernador de Sinaloa, García Harfuch fue enfático al señalar que ni Rubén Rocha Moya ni los demás funcionarios investigados reciben protección de instituciones federales.
“Ni una ni otra. Él no ha solicitado medidas de protección ni el Gabinete de Seguridad le proporcionó”, afirmó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Asimismo, indicó que los elementos que actualmente acompañan al exmandatario estatal pertenecen a corporaciones del gobierno de Sinaloa y no a dependencias federales.
El funcionario también aclaró que ninguno de los otros exservidores públicos mencionados en las investigaciones cuenta con escoltas asignados por la SSPC, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina o la Fiscalía General de la República.
Las declaraciones contrastan con versiones anteriores
Las afirmaciones realizadas este lunes contrastan con declaraciones emitidas por el propio García Harfuch el pasado 4 de mayo, cuando informó que el Gabinete de Seguridad había recomendado brindar protección a Rocha Moya debido a su condición de gobernador con licencia y al contexto de violencia que atraviesa Sinaloa.
En aquella ocasión, el secretario explicó que no se trataba de un operativo amplio, sino de un reducido grupo de elementos destinados a garantizar condiciones mínimas de seguridad para el entonces mandatario estatal.
La diferencia entre ambas versiones ha generado cuestionamientos sobre el estatus actual de las medidas de protección y sobre si estas fueron retiradas o nunca llegaron a implementarse formalmente.
El contexto de las acusaciones contra funcionarios de Sinaloa
Las investigaciones impulsadas desde Estados Unidos involucran a Rubén Rocha Moya y a otros funcionarios y exfuncionarios sinaloenses señalados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Las acusaciones fueron dadas a conocer por fiscales federales estadounidenses y forman parte de una estrategia más amplia de combate al narcotráfico impulsada por Washington.
Las autoridades estadounidenses sostienen que cuentan con elementos para sustentar los señalamientos, mientras que el gobierno mexicano ha insistido en que cualquier procedimiento legal deberá estar respaldado por pruebas suficientes y respetar los mecanismos de cooperación bilateral.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que México no procederá con solicitudes de extradición o acciones judiciales derivadas de acusaciones sin evidencia formal presentada por las autoridades estadounidenses.
No existe ficha roja internacional contra Rocha Moya
Otro de los puntos aclarados por García Harfuch es que actualmente no existe una ficha roja emitida por Interpol contra Rubén Rocha Moya.
El secretario explicó anteriormente que la única acción conocida es una solicitud de detención con fines de extradición promovida por autoridades estadounidenses, la cual sigue distintos procedimientos legales antes de que pueda derivar en una acción internacional.
La ausencia de una ficha roja significa que no existe una orden internacional automática para la localización y detención del exgobernador, aunque las investigaciones continúan en ambos países.
La investigación sigue abierta
Mientras continúan las tensiones diplomáticas derivadas del caso, el gobierno mexicano mantiene que cualquier decisión deberá basarse en evidencia verificable y en los mecanismos legales establecidos entre ambas naciones.
Por ahora, la postura oficial es clara: ni Rubén Rocha Moya ni los demás funcionarios de Sinaloa señalados por Estados Unidos cuentan con seguridad federal asignada, y tampoco han solicitado protección a las autoridades mexicanas. La evolución de las investigaciones determinará los siguientes pasos en uno de los casos políticos y judiciales más relevantes de 2026.
