El gobierno de Javier Milei modificó la Ley de Migraciones para impedir el ingreso o cancelar la residencia de extranjeros que difundan mensajes de odio, inciten a la violencia contra ciudadanos argentinos o participen en actos de ultraje contra los símbolos patrios.
La medida fue formalizada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 681/2026, publicado el 30 de julio. El nuevo inciso incorporado al artículo 29 considera estas conductas como impedimentos para ingresar o permanecer en Argentina.
El Ejecutivo argumentó que aumentaron los actos de hostilidad y menosprecio contra el pueblo argentino, su cultura y su identidad nacional. Según el decreto, estas expresiones representan un riesgo para la convivencia social y quebrantan el respeto que deben mantener quienes pretenden residir o visitar el país.
Residencias podrán ser canceladas
La reforma también incorpora una nueva causal para cancelar residencias otorgadas previamente. Dependiendo de las circunstancias, la persona afectada podría recibir una orden para abandonar el país dentro de un plazo determinado o ser expulsada del territorio argentino.
La prohibición comprende mensajes orales o escritos contra el pueblo argentino, ataques motivados por la nacionalidad de una persona e incitaciones a cometer estas conductas. También alcanza los actos considerados ofensivos contra la bandera, el escudo u otros símbolos nacionales.
Gobierno asegura que no limita las críticas
El decreto establece que las expresiones de disenso ideológico y las críticas políticas, académicas o ciudadanas no podrán clasificarse como mensajes de odio cuando constituyan un ejercicio legítimo de los derechos constitucionales.
El Gobierno sostiene que la reforma es compatible con la libertad de expresión y que su propósito es responder a manifestaciones que inciten a la violencia o afecten la seguridad y el orden público. Sin embargo, la normativa no detalla todavía el mecanismo operativo para identificar y evaluar estos mensajes.
La modificación entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Por tratarse de un decreto de necesidad y urgencia, deberá ser analizada por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso argentino.
