Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 y nuevo relator especial de la ONU sobre Libertad de Opinión y Expresión, advirtió que la propuesta para regular los derechos de las audiencias podría abrir espacios para que el Gobierno intervenga en la valoración de contenidos periodísticos.
El especialista sostuvo que disposiciones similares han sido utilizadas en países como Venezuela, Nicaragua, Cuba, Sudán, Malasia y Tailandia para controlar información bajo argumentos como el combate a la desinformación, la protección de las infancias o la seguridad nacional. Por ello, consideró que una finalidad aparentemente legítima puede convertirse en una herramienta de censura.
Artículo 12 concentra las principales críticas
Uno de los apartados más cuestionados es el artículo 12 de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias. La propuesta establece que los concesionarios de radio, televisión y servicios de paga deberán adoptar medidas para evitar la difusión de información falsa, descontextualizada o histórica presentada como actual.
El documento también ordena que los medios se apeguen a los criterios editoriales establecidos en sus códigos de ética. En el artículo 18 se plantea que dichos códigos deberán incluir mecanismos para demostrar que, al momento de publicar una noticia, existían elementos suficientes para concluir que la información era veraz.
Para Maldonado, el problema se encuentra en determinar qué autoridad decidirá cuándo una noticia es falsa, está fuera de contexto o no fue verificada correctamente. El representante de Artículo 19 advirtió que esta facultad podría convertir a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones en un “tribunal de la verdad” con capacidad para evaluar el trabajo periodístico.
Medios deberán diferenciar opiniones e información
El anteproyecto también contempla que los programas distingan claramente entre opiniones y contenidos noticiosos. En televisión deberán utilizarse plecas, cortinillas o mensajes visibles al inicio y al final de las transmisiones, mientras que en radio tendrán que incorporarse elementos sonoros.
La medida aplicaría tanto a noticiarios como a programas que combinen información con comentarios de conductores, analistas o colaboradores. Además, la publicidad, los patrocinios y el contenido de marca deberán identificarse para evitar que sean presentados como información periodística.
Artículo 19 considera que estas obligaciones podrían afectar la libertad editorial cuando la autoridad tenga la última palabra sobre la clasificación de los contenidos. Maldonado relacionó la propuesta con ejercicios gubernamentales como “Quién es quién en las mentiras”, “Infodemia” y la sección “Derecho de Réplica”, utilizados para responder o cuestionar publicaciones periodísticas.
Proyecto afirma que no permitirá censura previa
El texto oficial establece en su artículo 2 que los lineamientos no deberán interpretarse para limitar el derecho a la información, la libertad de expresión, la libertad programática o la libertad editorial. También señala expresamente que no podrán utilizarse para ejercer censura previa sobre los contenidos de los concesionarios.
Sin embargo, la preocupación de las organizaciones defensoras de la prensa se concentra en la aplicación práctica de las reglas. El proyecto permitiría que las audiencias presenten quejas ante una persona defensora y, en caso de inconformidad, solicitar la intervención de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.
La autoridad tendría facultades para confirmar, modificar o revocar las determinaciones relacionadas con las quejas. Cuando una concesionaria incumpla una resolución, podría iniciarse un procedimiento sancionador. Las multas propuestas van de 0.01% a 1% de los ingresos acumulables del medio o la programadora.
Consulta pública permanecerá abierta hasta agosto
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones publicó la propuesta el 24 de julio de 2026 y abrió una consulta pública del 27 de julio al 21 de agosto. Durante ese periodo, ciudadanos, organizaciones, especialistas, concesionarios y representantes del sector podrán presentar comentarios y propuestas de modificación.
El resultado de la consulta será relevante para definir si se mantienen los artículos cuestionados, se incorporan salvaguardas adicionales para la libertad editorial o se modifican las facultades de supervisión y sanción de la Comisión.
El debate enfrenta dos objetivos: garantizar que las audiencias reciban información claramente identificada y proteger a los medios frente a una posible intervención gubernamental en las decisiones periodísticas. Los lineamientos todavía constituyen una propuesta y deberán pasar por el proceso de consulta antes de su aprobación definitiva.
