La Fiscalía federal estadounidense solicitó el decomiso de 15 mil millones de dólares a Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa. La cifra forma parte de su acuerdo de culpabilidad y no significa que todo ese dinero ya haya sido localizado.
Un antecedente es Joaquín “El Chapo” Guzmán, condenado en 2019 a entregar 12 mil 600 millones de dólares por ganancias relacionadas con el narcotráfico.
Los bienes pasan al gobierno que acredita su origen ilegal
Cuando un tribunal de Estados Unidos determina que cuentas, propiedades o efectivo proceden de delitos, los activos pasan al gobierno estadounidense. Los recursos pueden cubrir investigaciones, operaciones de justicia o repartirse entre agencias que colaboraron en el caso.
México podría reclamar una parte, pero debe demostrar su derecho sobre los bienes mediante investigaciones propias o cooperación bilateral. Que una cuenta esté en territorio mexicano no garantiza su entrega automática.
Víctimas y otros países pueden recibir recursos
Parte del dinero puede destinarse a víctimas que acrediten el daño. En casos de narcotráfico, definirlas es complejo porque las afectaciones alcanzan a consumidores, familias de personas asesinadas, comunidades violentadas y trabajadores forzados a participar en actividades ilegales.
Estados Unidos también puede compartir activos con gobiernos extranjeros. México recibió 2.9 millones de dólares en 2010 por una investigación bilateral de lavado y en 2012 acordó repartirse otros seis millones decomisados a un banco estadounidense.
La orden no garantiza recuperar toda la fortuna
Los cárteles esconden recursos mediante prestanombres, empresas fantasma, negocios legales e inmuebles. Por ello, los 15 mil millones representan una obligación judicial; la cantidad recuperada dependerá de los activos que las autoridades logren identificar, congelar y confiscar.
