La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció un ambicioso programa de vivienda que contempla la construcción de 4,500 viviendas en el Centro Histórico durante 2026, junto con el envío de una nueva Ley de Rentas al Congreso local. Ambas medidas buscan enfrentar el encarecimiento de la vivienda y frenar el desplazamiento de habitantes en zonas céntricas.
4,500 viviendas para repoblar el Centro Histórico
El plan de vivienda forma parte de una estrategia para recuperar la función habitacional del Centro Histórico y combatir fenómenos como la gentrificación y el despoblamiento.
De acuerdo con el anuncio, las nuevas viviendas estarán dirigidas principalmente a familias de bajos ingresos y con arraigo en la zona, priorizando el acceso a espacios dignos y bien conectados.
Además, el programa incluye la rehabilitación de vecindades y predios en riesgo estructural, así como la construcción de nuevos desarrollos en puntos estratégicos del centro de la ciudad.
“Se trata de viviendas adecuadas, dignas y a precios razonables”, señaló la mandataria al presentar el proyecto.
Una estrategia contra la gentrificación y el desplazamiento
El gobierno capitalino busca revertir una tendencia en la que miles de personas han sido desplazadas hacia la periferia debido al aumento en el costo de la vivienda en zonas centrales.
La construcción de estas 4,500 viviendas tiene como objetivo principal garantizar que la población pueda vivir cerca de sus centros de trabajo, servicios y transporte, reduciendo tiempos de traslado y mejorando su calidad de vida.
También se pretende recuperar el modelo de vecindades como forma de convivencia comunitaria, adaptándolo a estándares actuales de habitabilidad.
“Queremos que el Centro Histórico siga siendo un espacio de arraigo y comunidad”, destacan autoridades.
Ley de Rentas: control de precios y protección a inquilinos
Como complemento al plan de vivienda, Brugada anunció el envío de una iniciativa de Ley de Rentas Justas al Congreso de la Ciudad de México.
El eje principal de esta propuesta es limitar el aumento de las rentas para que no puedan incrementarse por encima de la inflación anual, en un intento por frenar el alza desmedida en los alquileres.
Además, la iniciativa contempla la creación de una Defensoría Inquilinaria, un organismo que brindará apoyo legal a arrendatarios y propietarios en casos de conflicto o desalojos.
“Se busca garantizar justicia en el acceso a la vivienda”, afirmó la jefa de Gobierno.
Inversión pública y acceso a vivienda asequible
El proyecto de vivienda contará con una inversión pública superior a los mil millones de pesos, con esquemas de financiamiento accesibles para facilitar la adquisición de los inmuebles.
Se estima que cada vivienda tendrá un costo aproximado cercano al millón de pesos, con créditos dirigidos a sectores que actualmente enfrentan dificultades para acceder a vivienda en zonas céntricas.
Estas acciones forman parte de una política más amplia que incluye miles de intervenciones en vivienda en toda la ciudad.
Debate: beneficios y posibles riesgos
Aunque las medidas han sido presentadas como una solución al encarecimiento de la vivienda, especialistas han advertido posibles efectos secundarios.
Algunos economistas señalan que limitar el aumento de rentas podría desincentivar la inversión inmobiliaria y reducir la oferta de vivienda en el mediano plazo.
Este debate se da en un contexto donde la demanda de vivienda en zonas céntricas sigue creciendo, impulsada por factores como el turismo, la digitalización y la revalorización urbana.
Un nuevo modelo de ciudad en discusión
El paquete de medidas anunciado por Brugada apunta hacia un modelo urbano más compacto, accesible y socialmente equilibrado.
La combinación de vivienda pública, regulación de rentas y rescate del Centro Histórico busca redefinir el crecimiento de la ciudad, priorizando el acceso a vivienda sobre la especulación inmobiliaria.
“Es una apuesta por una ciudad más equitativa”, coinciden analistas sobre el alcance del proyecto.
Un plan clave para el futuro de la CDMX
La construcción de 4,500 viviendas y la Ley de Rentas representan uno de los ejes más importantes de la política urbana en la capital para 2026.
Su implementación y resultados serán determinantes para evaluar si la Ciudad de México logra contener el aumento en el costo de la vivienda y garantizar el acceso a espacios habitacionales en zonas céntricas.
