Para empoderar a la Guardia Nacional, la mayoría de Morena y sus aliados del PT y el PVEM van ahora en la Cámara de Diputados por modificar 12 artículos de la Constitución, con esto buscan imponer un modelo totalmente militar para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
De acuerdo con el Proyecto de Decreto, se disponen a aprobar reformas a los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Constitución, fundamentalmente para “adscribir la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional”.
Además, “definir a la GN como fuerza de seguridad pública, profesional de carácter permanente, de origen y formación castrense con formación policial para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública”.
También, “impedir servir en la Guardia Nacional hasta seis meses antes de la elección respectiva a las personas aspirantes a un cargo al Congreso de la Unión”.
Incluye, facultar al Poder Legislativo para expedir las disposiciones secundarias que proporcionen un pilar normativo y certeza jurídica la participación auxiliar del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada nacionales en labores de seguridad ciudadana.
También, facultar a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y del Senado de la República para ratificar el nombramiento de coroneles y demás jefes superiores de la Guardia Nacional que, en su caso, realice el presidente de la República.
Bye, reforma Judicial; hola, reforma a la Guardia Nacional: Morena va por militarización
Una vez más se intentará subordinar la Guardia Nacional a la Sedena. De aprobarse la reforma que forma parte del Plan C, ésta militarizará de una vez por todas y de forma permanente la seguridad pública.
Las discusiones sobre el afamado Plan C de AMLO han vuelto a la discusión pública. Entre las reformas propuestas, se retoma la que busca -una vez más- poner a la Guardia Nacional al mando de la Sedena, eliminando uno de los últimos límites existentes para revertir la militarización de este cuerpo de seguridad que, se supone, debería ser civil.
Cuando en 2019 se aprobó la reforma para crear a la Guardia Nacional, el gobierno incluyó un artículo transitorio que permitía al presidente disponer de las Fuerzas Armadas (FFAA) como apoyo en tareas de seguridad, siempre que su participación fuera regulada, fiscalizada, excepcional, subordinada y complementaria a autoridades de seguridad de carácter civil, inicialmente hasta marzo de 2024. El propósito de estos límites fue establecer controles civiles para evitar abusos de militares, asegurando que las autoridades civiles electas democráticamente estuvieran al frente de las tareas de seguridad pública y desarrollaran políticas desde la perspectiva ciudadana para disminuir la violencia e inseguridad.
La Constitución también establece en el artículo 129º que: “en tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”, lo que limita la participación militar en las tareas de seguridad pública o su participación en cualquier otra esfera de la vida pública del país. Sin embargo, la reforma presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero busca eliminar este candado democrático y abrir la posibilidad de que las FFAA hagan todo lo que la persona Titular del Poder Ejecutivo les ordene, independientemente de que sea ajeno a la disciplina militar.
