La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que este jueves enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional para que quienes aspiren a la Presidencia de México, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deban renunciar a cualquier otra nacionalidad que posean.
El objetivo, de acuerdo con la mandataria, es que quienes ocupen estos cargos tengan únicamente la nacionalidad mexicana y que su interés institucional esté concentrado exclusivamente en el país.
La reforma busca hacer explícito el requisito
Sheinbaum argumentó que la Constitución no establece con suficiente claridad esta condición y señaló que actualmente existen gobernadores en funciones que cuentan con otra nacionalidad.
La propuesta plantea que, al momento de registrarse como candidatos, los aspirantes que tengan doble ciudadanía deberán renunciar a la extranjera.
“Lo que estamos proponiendo es eso, que una vez que se inscriban cuando quieran ser presidente o gobernador, deben renunciar a otra ciudadanía”, explicó la presidenta durante su conferencia matutina.
Sheinbaum vincula la medida con posibles injerencias extranjeras
La mandataria sostuvo que una persona con doble nacionalidad mantiene vínculos jurídicos con dos países y consideró necesario establecer reglas más estrictas para quienes encabecen poderes ejecutivos.
Según su postura, la reforma busca garantizar que “el interés de la nación esté por encima de cualquier otro interés”, especialmente en un contexto en el que el Gobierno federal ha expresado preocupación por posibles injerencias extranjeras.
Cabeza de Vaca aparece en la discusión
Durante la conferencia, Sheinbaum fue cuestionada sobre si la medida podría afectar una eventual candidatura del exgobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
La presidenta respondió que “está muy difícil ser candidato y lanzar tu candidatura desde otro país”, sin profundizar en los efectos específicos que tendría la reforma sobre ese caso.
Por ahora, la iniciativa todavía no es una norma vigente. Deberá ser enviada al Congreso, discutida y, en caso de tratarse de una modificación constitucional, cumplir con el procedimiento legislativo correspondiente antes de entrar en vigor.
