Amnistía Internacional pidió al Estado mexicano reconocer a las mujeres buscadoras como defensoras de derechos humanos e incorporarlas al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ante los riesgos que enfrentan mientras México supera las 132 mil personas desaparecidas y no localizadas.
La organización señaló que la mayoría de quienes buscan a personas desaparecidas son mujeres que realizan estas labores con recursos limitados, sin suficiente respaldo institucional y bajo amenazas.
Buscadoras enfrentan asesinatos y desapariciones
Artículo 19 ha documentado que, desde 2010, al menos 45 personas buscadoras han sido asesinadas o desaparecidas en México.
Entre los casos de 2026 se encuentra Cecilia García Ramblas, del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, secuestrada el 14 de marzo en Valtierrilla. Su cuerpo fue localizado cuatro días después y su identidad confirmada el 31 de marzo. El 23 de junio fue asesinada Patricia Negrete Tafoya, integrante de Una Promesa por Cumplir, en Pénjamo. Guanajuato acumuló cuatro buscadoras asesinadas durante el año.
Amnistía Internacional pide protección integral
El informe Desaparecer otra vez, publicado por Amnistía Internacional en julio de 2025, documentó amenazas de organizaciones criminales, revictimización, estigmatización por autoridades, afectaciones a la salud y problemas económicos entre las integrantes de colectivos.
A través de la campaña #BuscarSinMiedo, la organización solicita seguridad física, psicológica y emocional, medidas de protección, investigaciones sobre las agresiones y políticas públicas con perspectiva de género, además de atención médica, psicológica y legal.
México supera las 132 mil personas desaparecidas
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contabilizaba, al 29 de agosto de 2026, 132 mil 844 personas desaparecidas y no localizadas. Además, más de 72 mil cuerpos permanecían sin identificar en morgues del país.
El Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas determinó en marzo de 2026 que existen indicios fundados de desapariciones forzadas cometidas como crímenes de lesa humanidad en México. La situación podría ser abordada por la Asamblea General de Naciones Unidas durante septiembre.
