La Junta General Ejecutiva del INE aprobó el 21 de septiembre la creación de un grupo de trabajo para prevenir y atender la violencia política contra las mujeres en razón de género. El mecanismo coordinará áreas del instituto durante el periodo 2026-2031 y dará seguimiento a las acciones institucionales relacionadas con esta problemática.
Coordinación entre áreas y seguimiento de casos
La Secretaría Ejecutiva presidirá el grupo y la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación tendrá la secretaría técnica. Participarán también las áreas de lo Contencioso Electoral, Vinculación con los Organismos Públicos Locales, Capacitación Electoral, Prerrogativas y Comunicación Social.
Iliana Araceli Hernández Gómez, titular de la unidad de igualdad, explicó que el propósito es articular el trabajo, evitar duplicidades y sistematizar información. Entre las funciones se encuentran dar seguimiento a líneas de acción y formular opiniones técnicas para mejorar la respuesta institucional.
El acuerdo incluye reglas de operación y establece que el grupo concluirá sus actividades el 31 de diciembre de 2031. El acuerdo da paso a su instalación; no sustituye a las autoridades que investigan, resuelven denuncias o imponen sanciones.
Las conductas pueden ocurrir antes y después de la elección
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias contempla acciones u omisiones basadas en elementos de género que limiten derechos políticos. El criterio comprende conductas dirigidas contra una mujer por ser mujer, que la afecten de manera desproporcionada o tengan un impacto diferenciado.
La norma incluye obstaculizar candidaturas, ocultar información necesaria para ejercer el cargo, restringir recursos o presionar para renunciar. También considera amenazas, difusión de imágenes privadas y expresiones sustentadas en estereotipos de género que menoscaben el ejercicio de los derechos.
Puede presentarse dentro de los partidos, durante la selección de candidaturas y cuando una funcionaria ya ocupa un puesto de representación o participa en decisiones públicas.
Capacitación sobre denuncia y medidas de protección
El 19 de septiembre, el INE informó sobre un taller dedicado a las rutas de atención y al protocolo institucional aprobado en 2022. La capacitación abordó el primer contacto, la identificación de riesgos y las medidas que pueden solicitarse para proteger a las personas afectadas.
La orientación contempla atención presencial, telefónica o por correo y la intervención de equipos multidisciplinarios. El objetivo es orientar sobre las vías disponibles y evitar nuevas afectaciones a quienes denuncian.
La autoridad competente depende de los hechos y del ámbito involucrado. Los organismos locales, tribunales e instancias penales tienen atribuciones distintas; la atención inicial debe identificar la ruta correspondiente. El nuevo grupo permite coordinar esa respuesta dentro del instituto.
