
Un tribunal federal de Estados Unidos aprobó un acuerdo por 700 millones de dólares contra Google que pone fin a una demanda antimonopolio iniciada en 2021 por una coalición bipartidista de fiscales generales. El caso cuestionó el control de la tecnológica sobre la distribución de aplicaciones en Android y las comisiones de hasta 30% cobradas por compras dentro de Google Play.
La demanda fue promovida por los fiscales generales de los 50 estados de Estados Unidos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes, quienes acusaron a Google de limitar la competencia y elevar los precios pagados por los consumidores.
Usuarios de Google Play recibirán compensaciones
La mayor parte de los 700 millones de dólares se destinará a consumidores que realizaron compras mediante Google Play entre agosto de 2016 y septiembre de 2023.
Según los términos aprobados, la mayoría de los beneficiarios podrá recibir su compensación automáticamente mediante PayPal o Venmo, sin necesidad de presentar una reclamación formal.
“Google aprovechó su posición dominante en el mercado de aplicaciones para inflar los precios”, señaló la fiscal general de Arizona, Kris Mayes, quien defendió el acuerdo como una medida para impulsar mayor competencia y más opciones para los consumidores.
Desarrolladores podrán utilizar otros sistemas de pago
El acuerdo también obliga a Google a introducir modificaciones en el funcionamiento de Play Store. Durante un periodo mínimo de cinco años, los desarrolladores podrán incorporar métodos de facturación alternativos dentro de sus aplicaciones.
También tendrán permitido informar a los usuarios sobre precios más bajos disponibles fuera de la plataforma de Google y distribuir sus aplicaciones mediante tiendas rivales sin enfrentar represalias por parte de la compañía.
Estas modificaciones atacan uno de los puntos centrales del litigio: la dependencia de los desarrolladores respecto al sistema de distribución y cobro controlado por Google.
Android permitirá descargas externas durante siete años
Otro de los cambios relevantes afecta directamente a los propietarios de dispositivos Android. Durante al menos siete años, Google deberá permitir que los usuarios instalen aplicaciones provenientes de fuentes distintas a Google Play Store.
La medida busca facilitar la competencia entre tiendas de aplicaciones y reducir las barreras que enfrentan desarrolladores interesados en distribuir directamente sus productos.
El acuerdo no implica la desaparición de Google Play ni de sus comisiones, pero sí introduce nuevas restricciones al modelo con el que Google ha administrado su ecosistema móvil durante años. Para los consumidores y desarrolladores, podría traducirse en más alternativas de descarga, métodos de pago diferentes y mayor competencia en precios.












