La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que durante el primer trimestre de 2026 fueron sancionadas 32 personas físicas y morales por cometer irregularidades en procesos de contratación con el gobierno federal. Las medidas incluyen multas económicas, inhabilitaciones temporales y restricciones para participar en nuevas licitaciones, como parte de la estrategia de vigilancia sobre el uso de recursos públicos.
Las acciones corresponden al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026 y derivan de incumplimientos relacionados con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Aplican multas millonarias e inhabilitaciones a proveedores
La dependencia detalló que las sanciones impuestas alcanzaron un monto conjunto de 15 millones 677 mil pesos, además de 28 inhabilitaciones para impedir que empresas o personas participen directa o indirectamente en procedimientos de contratación con la Administración Pública Federal. Los periodos de restricción van desde tres meses hasta dos años.
En promedio, la autoridad aplicó alrededor de 2.6 sanciones por semana, reflejando un incremento en las acciones de supervisión sobre contrataciones públicas y cumplimiento contractual.
Las empresas afectadas fueron incorporadas al Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, mecanismo que bloquea temporalmente su acceso a nuevas adjudicaciones gubernamentales.
Información falsa fue la principal irregularidad detectada
El reporte oficial identificó la presentación de documentación falsa como la conducta más recurrente dentro de los expedientes sancionados.
De los casos registrados, 24 estuvieron relacionados con información alterada o documentación apócrifa presentada durante licitaciones y concursos públicos.
Durante meses recientes, la Secretaría también había impuesto sanciones a proveedores vinculados con procedimientos del IMSS por utilizar documentos falsos relacionados con registros sanitarios, constancias ambientales y cartas de respaldo dentro de adquisiciones médicas y hospitalarias.
“Engañar para obtener contratos públicos tiene consecuencias”, ha reiterado la dependencia al justificar el endurecimiento de controles.
Sector servicios y salud concentran más sanciones
Por actividad económica, las sanciones se distribuyeron principalmente en:
- Prestación de servicios: 37.5%
- Sector salud: 34.37%
- Adquisición y arrendamiento de bienes: 15.62%
- Construcción y obra pública: 12.5%
La elevada participación del sector salud mantiene la atención sobre procesos de compra de equipo médico, insumos hospitalarios y servicios especializados, áreas que históricamente concentran gran volumen de contrataciones gubernamentales.
Especialistas consideran que el fortalecimiento de auditorías y verificaciones busca reducir riesgos de corrupción y evitar afectaciones presupuestales derivadas de contratos incumplidos.
Gobierno refuerza estrategia anticorrupción en compras públicas
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que todas las empresas sancionadas fueron notificadas conforme al procedimiento legal y que las resoluciones fueron publicadas oficialmente.
Aunque los involucrados conservan el derecho de impugnar las medidas, la autoridad adelantó que defenderá las sanciones cuando existan elementos suficientes para acreditar irregularidades.
Las acciones forman parte de una estrategia más amplia para reforzar controles, transparentar licitaciones y elevar la supervisión sobre el gasto público federal.
El gobierno sostiene que el objetivo es reducir prácticas irregulares y fortalecer la confianza en los procedimientos de contratación pública.
