El Gobierno federal clasificó durante cinco años la información relacionada con el operativo de seguridad asignado a la finca del expresidente Andrés Manuel López Obrador en Palenque, Chiapas.
La resolución impedirá conocer públicamente los costos, la cantidad de elementos desplegados y la logística del dispositivo hasta 2031. La decisión reabrió el debate sobre el equilibrio entre seguridad institucional, transparencia y rendición de cuentas.
¿Qué información permanecerá reservada?
La clasificación comprende cuatro rubros relacionados con el operativo. El primero es el presupuesto destinado diariamente a la manutención y funcionamiento del esquema de protección.
También permanecerán reservados el número de integrantes del Ejército, Marina u otras corporaciones desplegadas; los datos sobre vehículos, tecnología e infraestructura militar, así como los contratos y proveedores vinculados con la logística.
Hasta el momento, la información divulgada no permite conocer el monto utilizado para proteger la propiedad ni la cantidad de personal asignado. Tampoco se ha hecho público el contenido completo de la logística implementada.
Salinas Pliego critica al Gobierno federal
Ricardo Salinas Pliego reaccionó a la reserva mediante sus redes sociales y cuestionó el uso de recursos públicos en el resguardo del exmandatario. “Vamos a ver dónde terminan él y sus hijos”, publicó el presidente de Grupo Salinas.
El empresario no presentó cifras adicionales ni documentos sobre el operativo. Su pronunciamiento se produjo en medio de las diferencias que mantiene con el Gobierno federal por asuntos fiscales, regulatorios y empresariales.
Protección contrasta con declaraciones de austeridad
Durante su trayectoria política, López Obrador afirmó que al concluir su mandato no requeriría escoltas, vehículos blindados ni protección especial de las Fuerzas Armadas. Señaló entonces que “el pueblo” se encargaría de cuidarlo.
La existencia de un dispositivo militar y la reserva de sus características han generado cuestionamientos sobre la congruencia entre esas declaraciones y las medidas implementadas después de su sexenio.
La clasificación no demuestra por sí misma que exista un gasto irregular o un número excesivo de elementos. Para determinarlo sería necesario conocer los documentos presupuestales y operativos, que no estarán disponibles públicamente mientras continúe vigente la reserva.
