La presidenta Claudia Sheinbaum firmó una iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio. El proyecto será enviado al Congreso de la Unión y pretende homologar sanciones, protocolos de investigación y atención a las víctimas en las 32 entidades del país.
La propuesta establece penas de 50 a 70 años de prisión y contempla 19 agravantes, entre ellas que la víctima sea niña, adolescente, adulta mayor, esté embarazada o tenga alguna discapacidad. Las disposiciones aún no están vigentes, pues deberán ser discutidas y aprobadas por el Poder Legislativo.
Investigaciones con perspectiva de género
El documento define el feminicidio como privar de la vida a una mujer por razones de género y reconoce 10 supuestos para identificarlo. Entre ellos se encuentran la violencia sexual, los antecedentes de agresiones, las relaciones de poder y los crímenes motivados por estereotipos o prejuicios.
Las fiscalías deberán aplicar protocolos especializados y revisar posibles antecedentes de violencia, aunque no existan denuncias previas. El objetivo es evitar que muertes con indicios de feminicidio sean clasificadas como suicidios o accidentes sin una investigación suficiente.
Sheinbaum reconoció que, pese a la reducción de los homicidios, continúan registrándose feminicidios y “muchos de ellos lamentablemente siguen sin sanción”.
El feminicidio sería imprescriptible
Además de la prisión, la persona sentenciada perdería derechos sucesorios, tutela y patria potestad. Cuando el responsable sea servidor público, se contempla su destitución e inhabilitación para ocupar otro cargo.
La iniciativa propone que el feminicidio sea imprescriptible, por lo que el paso del tiempo no impediría investigarlo ni sancionarlo. También busca reducir las diferencias que existen entre los códigos penales estatales.
Protección para víctimas indirectas
El proyecto reconoce el derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral del daño. Incluye atención médica y psicológica de urgencia, asesoría jurídica gratuita y protección para familiares, sobrevivientes y víctimas indirectas.
También plantea crear un registro nacional de niñas, niños y adolescentes en orfandad por feminicidio, además de programas de prevención y mecanismos de coordinación entre autoridades.
