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Frenan investigación patrimonial contra Xóchitl Bravo en el Congreso de la CDMX

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Xóchitl Bravo
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La discusión sobre una posible revisión al patrimonio de Xóchitl Bravo, coordinadora de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, fue frenada luego de que legisladores del partido guinda pidieran retirar el punto de acuerdo presentado por el PAN.

La propuesta buscaba que se investigaran presuntas inconsistencias en el patrimonio de la diputada y de su pareja, Jonathan Medina, particularmente por la posesión de vehículos de lujo que, según los señalamientos de la oposición, no estarían incluidos en sus declaraciones patrimoniales.

Qué pidió el PAN

La diputada panista Daniela Álvarez solicitó revisar el patrimonio de Bravo al señalar la existencia de vehículos como camionetas Land Rover, BMW, una Jeep Sahara y una motocicleta BMW.

De acuerdo con la legisladora, el valor conjunto de estos bienes rondaría los 5.5 millones de pesos, por lo que pidió aclarar su origen y verificar si fueron reportados conforme a las obligaciones de transparencia patrimonial.

Morena retira el punto de acuerdo

A pesar de los señalamientos, la bancada de Morena solicitó retirar la propuesta antes de que fuera discutida. El presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma, respaldó la decisión al argumentar que las declaraciones patrimoniales son públicas y que no era necesario revisarlas desde el Congreso.

Hasta el momento, Xóchitl Bravo no ha emitido una postura pública sobre las acusaciones ni ha ofrecido detalles sobre el origen del patrimonio señalado por la oposición.

Quién es Xóchitl Bravo

Xóchitl Bravo es diputada local de Morena e ingresó al Congreso capitalino en 2021. Es licenciada en Derecho por la UNAM y ha desarrollado parte de su actividad política en Tlalpan, donde participó en movimientos sociales antes de integrarse al partido.

En los últimos meses, ha intervenido en discusiones legislativas relacionadas con desarrollo urbano, vivienda, seguridad y presupuesto, temas clave dentro de la agenda política de la capital.

El caso mantiene abierta la discusión sobre transparencia, rendición de cuentas y control patrimonial entre representantes populares de la Ciudad de México.

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