El empresario Alejandro Mario Álvarez Puga, hermano de Víctor Manuel Álvarez Puga, fue detenido en Cancún, Quintana Roo, por su posible participación en el delito de defraudación fiscal, de acuerdo con información confirmada por la Fiscalía General de la República.
La aprehensión ocurrió en el municipio de Benito Juárez y fue ejecutada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, con apoyo de la Secretaría de Marina. Tras su captura, el empresario fue trasladado a la Ciudad de México para ser presentado ante la autoridad judicial correspondiente en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur.
Lo señalan por omisión en el pago de ISR
De acuerdo con la Fiscalía, Alejandro Mario Álvarez Puga era requerido por posibles hechos relacionados con la omisión del pago del Impuesto Sobre la Renta, correspondiente al ejercicio fiscal de 2016.
El presunto daño al fisco ascendería a 4 millones 618 mil 798.80 pesos, motivo por el cual se giró una orden de aprehensión en su contra.
FGR separa este caso de la investigación contra su hermano
Aunque Alejandro Mario es hermano de Víctor Manuel Álvarez Puga y formó parte del despacho Álvarez Puga & Asociados, la FGR precisó que esta detención corresponde a un caso distinto al proceso que se sigue contra su hermano.
Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont han sido señalados en investigaciones relacionadas con presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y uso de empresas factureras. Sin embargo, en este caso específico, la aprehensión de Alejandro Mario está relacionada con una acusación fiscal independiente.
Un apellido ligado a investigaciones fiscales
El despacho Álvarez Puga & Asociados fue fundado en el año 2000 y llegó a reunir cientos de clientes en el país. Años después, fue investigado por presuntos esquemas de evasión fiscal, outsourcing irregular y operaciones financieras bajo revisión de las autoridades.
La detención de Alejandro Mario Álvarez Puga vuelve a colocar el apellido en el centro de la conversación pública, aunque la autoridad ha insistido en que el procedimiento actual se enfoca en una presunta defraudación fiscal específica.
