El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló que el huachicol y el huachicol fiscal se han convertido en una de las principales fuentes de ingresos ilícitos de los cárteles mexicanos fuera del narcotráfico.
De acuerdo con información de la Oficina de Control de Activos Extranjeros y FinCEN, estas redes no sólo generan ganancias millonarias por el contrabando de combustible, también habrían sido utilizadas para corromper instituciones y financiar operaciones políticas.
El señalamiento coloca nuevamente bajo la lupa la relación entre crimen organizado, combustible ilegal y estructuras de poder en México.
Cómo opera el huachicol fiscal
El esquema descrito por autoridades estadounidenses consiste en introducir gasolina, diésel y nafta desde Estados Unidos a México mediante documentación falsa, permisos incompletos o sobornos en puntos de entrada.
Una vez dentro del país, el combustible se vende en el mercado negro o en estaciones afiliadas a redes criminales, evadiendo impuestos como el IEPS.
Esta operación permite obtener ganancias elevadas, ya que el combustible ilegal se comercializa con menores costos y sin cumplir las obligaciones fiscales correspondientes.
Dinero ilícito para campañas, medios y contratos
Uno de los puntos más delicados del reporte es la presunta utilización de ganancias del huachicol para influir en la política mexicana.
Según el análisis de FinCEN, parte del dinero generado por estas redes habría sido utilizado para realizar pagos en efectivo a campañas políticas, comprar espacios en medios de comunicación y apoyar a candidatos o funcionarios corruptos.
El objetivo, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, sería colocar perfiles aliados en puestos estratégicos del gobierno para facilitar operaciones de contrabando y acceder a contratos estatales.
Sancionan a presuntos operadores financieros
El Tesoro de Estados Unidos también anunció sanciones contra personas y empresas señaladas por presuntamente facilitar esquemas de contrabando de combustible vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación.
Entre los nombres mencionados aparece Oscar Guillermo Juraidini Silva, señalado como un operador financiero clave en la estructura de empresas y documentación usada para mover combustible ilícito.
También se menciona a J. Refugio Ruiz Villagómez, relacionado con compañías logísticas que habrían participado en operaciones transfronterizas de combustible.
Sheinbaum pide pruebas a Estados Unidos
La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a los señalamientos y pidió al gobierno de Estados Unidos presentar pruebas sobre las acusaciones de financiamiento a campañas políticas.
La mandataria cuestionó que se difundieran afirmaciones de este tipo sin compartir evidencia formal con el gobierno mexicano.
También señaló que algunas de las personas mencionadas ya eran investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera en México.
Un caso que abre presión diplomática y política
El caso aumenta la presión sobre México y Estados Unidos para coordinar investigaciones contra redes de combustible ilegal, lavado de dinero y corrupción.
Más allá del impacto criminal, el reporte del Tesoro plantea un problema de seguridad nacional, pues advierte que el huachicol fiscal podría estar financiando estructuras políticas y económicas que fortalecen al crimen organizado.
El tema podría convertirse en uno de los puntos más sensibles de la relación bilateral, especialmente por sus implicaciones en seguridad, energía, aduanas, campañas políticas y lavado de dinero.
