La discusión del llamado “Plan B” de la reforma electoral en el Senado fue pospuesta de última hora, debido a la falta de acuerdos entre los partidos que integran la alianza oficialista.
El aplazamiento ocurrió en las comisiones unidas encargadas de dictaminar la iniciativa, que tenían previsto analizarla, pero decidieron diferir la sesión ante desacuerdos, principalmente con el Partido del Trabajo (PT).
Este retraso refleja que, pese a contar con mayoría, Morena y sus aliados aún no logran consenso total en puntos clave del proyecto.
Revocación de mandato, el principal punto de conflicto
El desacuerdo central gira en torno a la propuesta de empatar la revocación de mandato con las elecciones intermedias de 2027, uno de los ejes de la iniciativa.
El PT ha mostrado resistencia a esta medida, lo que ha complicado avanzar en la redacción final del dictamen.
Este tema también ha generado tensiones políticas, ya que algunos sectores consideran que podría influir en el equilibrio electoral.
Negociaciones continúan para destrabar la iniciativa
Tras el aplazamiento, legisladores continúan en negociaciones para ajustar el contenido del Plan B y lograr los votos necesarios para su aprobación.
Desde Morena se ha defendido que la concurrencia de procesos electorales podría aumentar la participación ciudadana y reducir costos, al aprovechar la infraestructura electoral existente.
Sin embargo, la oposición y algunos aliados mantienen reservas sobre los efectos políticos de la propuesta.
El Plan B busca modificar el sistema electoral
La iniciativa impulsada por el Ejecutivo plantea cambios relevantes como:
- Reducción del gasto en órganos legislativos
- Ajustes en la estructura de gobiernos locales
- Fortalecimiento de mecanismos de democracia directa
Además, busca modificar aspectos relacionados con la organización electoral y la participación ciudadana.
Aprobación aún incierta en el Senado
Aunque Morena podría avanzar en comisiones, el escenario en el pleno del Senado sigue siendo incierto, ya que requiere mayoría calificada.
La falta de acuerdos con aliados clave podría retrasar nuevamente la discusión o modificar el contenido original de la reforma.
El aplazamiento confirma que el “Plan B” enfrenta un proceso legislativo complejo, donde las negociaciones políticas serán determinantes para su futuro.
