Una investigación publicada por La Estrella de Panamá ha desatado un nuevo escándalo regional al vincular al régimen de Nicolás Maduro con el Cártel de Sinaloa, uno de los grupos criminales más poderosos del mundo. De acuerdo con documentos filtrados del llamado “Expediente B”, autoridades panameñas y estadounidenses investigan una red que, además, salpica a políticos mexicanos y operadores financieros en diversos países de América Latina.
La gravedad del caso no solo radica en los presuntos vínculos entre el chavismo y el narcotráfico, sino en la posibilidad de que existan complicidades transnacionales que operan bajo el radar de los gobiernos.
¿Qué dice el “Expediente B”?
La investigación señala que varios empresarios venezolanos, conocidos como “boliburgueses”, habrían usado el sistema financiero panameño para lavar dinero procedente del narcotráfico, específicamente del Cártel de Sinaloa. Entre ellos destacan Samark López, presunto testaferro de Tareck El Aissami —ex vicepresidente venezolano buscado por Estados Unidos—, y otros operadores relacionados con Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Lo revelador del caso es que estas operaciones habrían sido facilitadas por redes logísticas que pasan por México, Honduras, Colombia, Panamá y Venezuela. En este esquema, según la investigación, se usaron empresas fachada, criptomonedas, cuentas off-shore y documentos falsificados para mover millones de dólares sin levantar sospechas.
México en el mapa del escándalo
México aparece como una pieza clave en esta red criminal. Las rutas de droga que parten desde puertos venezolanos hacia Centroamérica y México se habrían intensificado en los últimos años, con el supuesto aval de autoridades en Venezuela. Los cargamentos, según el reporte, llegan a costas mexicanas bajo la protección del Cártel de Sinaloa, que controla importantes zonas del Pacífico y maneja un vasto aparato logístico.
La Fiscalía General de la República (FGR) aún no ha emitido un posicionamiento oficial, pero fuentes diplomáticas mexicanas reconocen que el informe ha generado preocupación en círculos internacionales, sobre todo en Estados Unidos y Europa.
El papel de Panamá y Estados Unidos
El punto de partida de esta investigación fue Panamá. El país centroamericano, históricamente utilizado como paraíso fiscal, ha endurecido sus controles financieros, lo que ha permitido detectar movimientos inusuales de capitales vinculados a empresarios venezolanos sancionados por el Departamento del Tesoro de EE.UU.
De acuerdo con La Estrella de Panamá, agencias de inteligencia estadounidenses como la DEA y el FBI colaboran con autoridades panameñas en el análisis del “Expediente B”, que incluye transcripciones de llamadas, movimientos bancarios, vigilancia satelital y testimonios de informantes protegidos.
El gobierno de Joe Biden ha reiterado su interés en desmantelar redes internacionales de lavado de dinero que financian regímenes autoritarios o actividades terroristas. En este contexto, la supuesta alianza entre el chavismo y el narcotráfico mexicano adquiere una dimensión geopolítica.
¿Complicidad o omisión?
Una de las preguntas más inquietantes que deja esta investigación es si funcionarios mexicanos, tanto del pasado como del presente, han sido cómplices —activa o pasivamente— de esta red criminal. El reportaje no da nombres específicos, pero sugiere que políticos con “intereses económicos y conexiones diplomáticas” habrían facilitado la entrada de capital venezolano a México.
Analistas consultados por medios internacionales advierten que, aunque aún no hay pruebas concluyentes, los indicios deben tomarse en serio. La ausencia de una reacción oficial contundente por parte del gobierno mexicano podría interpretarse como indiferencia o como una estrategia de contención política.
Venezuela, un narcoestado en evolución
Desde hace años, distintos informes de inteligencia han vinculado a altos mandos del chavismo con el narcotráfico. El término “Cartel de los Soles” —que alude a generales venezolanos involucrados en el negocio— es ya un concepto ampliamente documentado en reportes de la DEA y en denuncias internacionales.
La novedad que aporta esta investigación es el grado de colaboración logística con organizaciones criminales extranjeras, en particular con el Cártel de Sinaloa. Esta alianza estratégica les permite a ambos actores: al chavismo, obtener ingresos y respaldo armado; y al cártel, ampliar sus rutas y reducir sus riesgos operativos.
Un reto para la justicia internacional
El caso expuesto en el “Expediente B” podría escalar a instancias internacionales. Panamá ha compartido los documentos con la ONU y organismos de cooperación regional. Además, se evalúa la posibilidad de abrir procedimientos penales en cortes internacionales por lavado de dinero y tráfico de influencias.
El reto será separar los elementos verídicos de la narrativa política. En un contexto donde las fake news, el espionaje y la propaganda juegan un papel cada vez más activo, cualquier filtración debe ser corroborada con pruebas judiciales.
Por ahora, lo único claro es que la relación entre el crimen organizado, el poder político y las estructuras económicas de América Latina se vuelve cada vez más compleja… y peligrosa.
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