El Senado de la República encendió las alertas por el crecimiento del despojo de viviendas, terrenos e inmuebles en la Ciudad de México, fenómeno que ya es considerado una amenaza directa al patrimonio de miles de familias.
De acuerdo con un análisis legislativo, la falta de respuesta institucional ha permitido que este delito avance sin control, mientras las víctimas enfrentan procesos largos, incertidumbre legal y escasa protección de las autoridades.
Más de 25 mil denuncias por despojo
El informe advierte que tan solo en la Ciudad de México se acumularon más de 25 mil denuncias por despojo entre 2020 y abril de 2026.
Sin embargo, en ese mismo periodo solo se reportaron 463 detenciones relacionadas con este delito, lo que refleja un amplio margen de impunidad.
La bancada del PRI en el Senado presentará un exhorto al Gobierno de la Ciudad de México para atender esta problemática, al considerar que las cifras muestran una crisis de procuración e impartición de justicia.
Familias pierden patrimonio y certeza legal
El despojo de inmuebles afecta directamente a familias que pierden viviendas, terrenos o propiedades construidas durante años.
El problema no solo implica la ocupación irregular de espacios, también abre litigios prolongados, trámites complejos y una sensación de indefensión entre quienes acuden a las autoridades para recuperar sus bienes.
Los legisladores señalaron que este fenómeno dejó de ser una suma de casos aislados y se convirtió en una crisis estructural en distintas zonas de la capital.
Caso República de Cuba, símbolo del problema
Uno de los casos más emblemáticos es el de República de Cuba 11 y 12, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
A casi un año del desalojo de más de 70 personas, las familias afectadas continúan exigiendo justicia y una solución definitiva.
El conflicto también ha generado afectaciones económicas y sociales en la zona, como disminución de actividad comercial, deterioro urbano y mayor percepción de inseguridad.
Exigen respuesta institucional
El Senado advirtió que la falta de resultados judiciales fortalece la percepción de impunidad y deja a los ciudadanos sin herramientas efectivas para defender su patrimonio.
La discusión apunta a que las autoridades capitalinas deben mejorar mecanismos de prevención, investigación y restitución de derechos.
