La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que 39 personas servidoras públicas fueron sancionadas por diversas irregularidades administrativas, tanto graves como no graves, en distintas dependencias federales. Las medidas incluyen inhabilitaciones, suspensiones, amonestaciones y sanciones económicas que, en conjunto, superan los mil millones de pesos.
Las resoluciones fueron emitidas con base en las investigaciones realizadas por autoridades federales y en apego a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En los casos considerados graves, las sanciones fueron determinadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), mientras que las faltas no graves fueron atendidas por la propia Secretaría Anticorrupción.
CFE concentra las sanciones económicas más elevadas
Uno de los casos de mayor impacto involucra a exfuncionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes fueron sancionados por su participación en la contratación e instalación de miles de optimizadores de tensión considerados innecesarios para la operación del sistema eléctrico.
De acuerdo con la información oficial, cuatro exservidores públicos fueron inhabilitados por periodos de hasta 20 años y recibieron una sanción económica solidaria superior a los mil 192 millones de pesos, convirtiéndose en uno de los castigos financieros más relevantes dados a conocer por las autoridades en este año.
La dependencia federal señaló que las sanciones derivan de hechos relacionados con contrataciones realizadas en 2017, las cuales generaron un perjuicio económico al Estado.
IMSS, SAT, SEP y Banco del Bienestar entre las dependencias involucradas
Las investigaciones también alcanzaron a funcionarios y exfuncionarios de diversas instituciones federales. Entre ellas destacan el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco del Bienestar.
En algunos casos se documentaron beneficios económicos indebidos, pagos irregulares, manejo inadecuado de recursos públicos y otras conductas contrarias a la normatividad vigente. Las sanciones incluyeron inhabilitaciones de varios años y multas económicas individuales.
Entre los expedientes reportados se encuentra el de un servidor público vinculado al Tecnológico Nacional de México en Culiacán, así como casos relacionados con auditorías fiscales, conciliaciones bancarias irregulares y movimientos administrativos sin la debida autorización.
También se castigaron faltas administrativas no graves
Además de los procedimientos por corrupción y faltas graves, la Secretaría Anticorrupción informó sobre sanciones aplicadas por incumplimientos administrativos considerados no graves.
Las medidas alcanzaron a personal adscrito a instituciones como la Guardia Nacional, Petróleos Mexicanos (Pemex), Procuraduría Agraria, Secretaría de Cultura, Profeco, Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Finabien, Tren Maya, Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) e INDEP.
Las sanciones contemplaron suspensiones temporales, inhabilitaciones menores y amonestaciones públicas derivadas de negligencias administrativas, incumplimiento de procedimientos internos y uso inadecuado de recursos institucionales.
Uno de los casos señalados fue el de siete integrantes de la Guardia Nacional que presentaron documentación académica sin validez durante procesos de evaluación para la portación oficial de armas.
Funcionarios podrán impugnar las resoluciones
La Secretaría Anticorrupción precisó que todas las personas sancionadas cuentan con mecanismos legales para impugnar las resoluciones emitidas por las autoridades competentes.
No obstante, la dependencia aseguró que defenderá jurídicamente cada una de las sanciones impuestas, argumentando que fueron determinadas con base en evidencia documental, procedimientos de investigación y el marco legal vigente.
«Las resoluciones fueron emitidas conforme a derecho y respaldadas por las investigaciones correspondientes», indicó la dependencia al informar sobre los resultados de los procedimientos administrativos.
Gobierno reafirma estrategia anticorrupción
Las autoridades federales señalaron que estas acciones forman parte de la estrategia para fortalecer la rendición de cuentas y combatir prácticas indebidas dentro de la administración pública.
La Secretaría Anticorrupción reiteró que continuará impulsando mecanismos de vigilancia, control interno y atención a denuncias ciudadanas con el objetivo de garantizar el correcto uso de los recursos públicos y fortalecer la confianza en las instituciones.
Especialistas consideran que la aplicación de sanciones administrativas y económicas representa una herramienta clave para prevenir actos de corrupción y reforzar la transparencia en el ejercicio gubernamental. Sin embargo, advierten que los procesos de impugnación podrían extender la resolución definitiva de algunos casos durante los próximos meses.
