La bancada de Morena en la Cámara de Diputados propuso la creación de una Alerta Inmobiliaria Nacional como una estrategia para combatir el despojo inmobiliario en México.
La iniciativa busca que cualquier propietario sea notificado de inmediato cuando una persona intente modificar la situación jurídica de su inmueble, con el objetivo de prevenir fraudes, escrituras falsas, juicios simulados y suplantación de identidad.
Morena propone una Alerta Inmobiliaria Nacional contra despojos
La propuesta fue impulsada por la diputada federal Elena Edith Segura Trejo, quien planteó que el despojo inmobiliario debe atenderse como un problema de alcance nacional y no únicamente como una situación localizada en ciertas entidades.
De acuerdo con la iniciativa, el mecanismo tendría como finalidad fortalecer la protección del patrimonio de las personas propietarias, especialmente ante intentos de modificación irregular de documentos, registros o situación jurídica de inmuebles.
El planteamiento surge tras diversos casos de despojo registrados en la Ciudad de México y el Estado de México, dos entidades donde este delito ha generado preocupación por su impacto patrimonial y social.
Más de 20 mil carpetas por despojo en CDMX entre 2020 y 2026
La legisladora citó datos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, según los cuales se reportaron más de 20 mil carpetas de investigación por despojo entre 2020 y abril de 2026.
Además, en el Estado de México se registraron 5 mil 594 denuncias durante 2025, cifra que refuerza el argumento de Morena sobre la necesidad de una estrategia nacional contra este delito.
Segura Trejo señaló que se trata de “cifras que muestran la necesidad de una estrategia integral para enfrentar este delito”, de acuerdo con el comunicado referido en la propuesta.
Escrituras falsas, poderes apócrifos y juicios simulados, entre los riesgos señalados
La iniciativa advierte que detrás de numerosos casos de despojo inmobiliario operarían grupos organizados que recurren a mecanismos fraudulentos para apropiarse de propiedades.
Entre las prácticas señaladas se encuentran el uso de escrituras falsas, poderes apócrifos, notificaciones irregulares, juicios simulados y suplantación de identidad.
La diputada también advirtió sobre la posible participación de abogados, notarios o servidores públicos en algunos de estos esquemas, lo que elevaría la complejidad de las investigaciones y la vulnerabilidad de las víctimas.
Adultos mayores, entre las principales víctimas de despojo inmobiliario
La propuesta destaca que las personas adultas mayores se encuentran entre los sectores más afectados por este tipo de prácticas, debido a su vulnerabilidad frente a engaños, manipulación documental o procesos legales irregulares.
El despojo inmobiliario no sólo implica la pérdida de una propiedad, sino también un impacto directo en la seguridad patrimonial, familiar y jurídica de las víctimas.
Por ello, la Alerta Inmobiliaria Nacional buscaría funcionar como una herramienta preventiva, al permitir que el propietario conozca de inmediato cualquier intento de cambio sobre su inmueble.
La protección del patrimonio, eje central de la propuesta
La diputada Elena Edith Segura Trejo sostuvo que la iniciativa “parte de la premisa de que la protección del patrimonio debe ser una causa de justicia y no un tema partidista”.
Con este planteamiento, Morena busca colocar el combate al despojo inmobiliario dentro de la agenda legislativa nacional, en un contexto donde los fraudes relacionados con propiedades han generado preocupación entre propietarios y autoridades.
La propuesta aún deberá seguir el proceso legislativo correspondiente, por lo que su eventual aprobación dependerá de la discusión y análisis dentro de la Cámara de Diputados.
Una estrategia nacional frente a un delito de alto impacto patrimonial
La creación de una Alerta Inmobiliaria Nacional podría convertirse en una herramienta relevante para detectar movimientos sospechosos antes de que se consoliden actos de despojo.
Sin embargo, el alcance real de la medida dependerá de su diseño operativo, la coordinación con registros públicos, fiscalías, notarías y autoridades locales, así como de la capacidad para notificar de forma rápida y efectiva a los propietarios.
En medio del aumento de denuncias y carpetas de investigación, la propuesta abre el debate sobre cómo proteger la propiedad privada, prevenir fraudes inmobiliarios y cerrar espacios a redes que operan mediante documentos falsos o procedimientos simulados.
