La Fiscalía General de la República (FGR) informa nuevos avances en la investigación contra una presunta red dedicada al contrabando de combustibles mediante operaciones portuarias, empresas fachada y posibles complicidades de servidores públicos en aduanas y la Secretaría de Marina.
El caso parte del aseguramiento de 10 millones de litros de diésel en un buque detenido en el puerto de Altamira, Tamaulipas. Las indagatorias identifican actividades relacionadas con la estructura en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la Ciudad de México.
FGR señala a los hermanos Farías Laguna
La Fiscalía identifica a Manuel Roberto Farías Laguna y Fernando Farías Laguna, exmandos de la Armada de México, como presuntos coordinadores de la importación, traslado, almacenamiento y distribución del hidrocarburo ingresado ilegalmente al país.
Manuel Roberto se desempeña como vicealmirante y Fernando como contralmirante antes de sus respectivas capturas. Ambos son sobrinos políticos de Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Según los datos de prueba presentados ante el Poder Judicial, integrantes de la red presuntamente intervienen en designaciones, ascensos y movimientos de personal dentro de las aduanas marítimas, la Agencia Nacional de Aduanas de México y la Marina. La FGR atribuye particularmente a Manuel Roberto gestiones relacionadas con nombramientos y promociones.
Combustible procedente de Texas cambia de clasificación
La investigación establece que los buques parten principalmente de Texas con hidrocarburos declarados como aceite o aditivos, con el propósito de modificar su tratamiento fiscal. Funcionarios y agentes aduanales presuntamente reciben pagos para permitir el ingreso de cada cargamento.
Ernestina Godoy sostiene que algunas inspecciones eran simuladas mediante muestreos superficiales, aprobación de volúmenes manipulados o maniobras para liberar el producto sin una revisión completa. La red también habría establecido calendarios de llegada para desactivar cámaras y evitar el registro de las descargas.
Una vez en territorio mexicano, el combustible se distribuía por medio de tres empresas legalmente constituidas. Paralelamente, una estructura de compañías fachada y transacciones financieras presuntamente daba apariencia legítima a los recursos obtenidos por las ventas.
Cateo localiza documentos y expedientes navales
Durante el cateo de una bodega arrendada por Manuel Roberto Farías Laguna en la Ciudad de México, las autoridades encuentran objetos de lujo, listas de aduanas marítimas y expedientes correspondientes a personal naval y mandos de la institución.
La Fiscalía también reporta documentación reservada y confidencial relacionada con asuntos de seguridad nacional, además de armas que presuntamente carecen del registro correspondiente. Estos indicios forman parte de las pruebas sometidas a valoración judicial.
La FGR sigue el rastro de accionistas, representantes legales y enlaces involucrados en las diferentes etapas de las operaciones. Las investigaciones permanecen abiertas y los señalamientos deberán acreditarse durante los procesos correspondientes.
Los hermanos permanecen recluidos en El Altiplano
Manuel Roberto Farías Laguna es detenido el 2 de septiembre de 2025 en instalaciones navales de Salina Cruz, Oaxaca. Su captura se anuncia públicamente cinco días después junto con las de otras 13 personas señaladas por su presunta participación.
Fernando Farías Laguna es arrestado el 23 de abril de 2026 en Buenos Aires, Argentina, donde presuntamente utiliza una identidad y un pasaporte falsos. México presenta la solicitud de extradición el 21 de mayo y las autoridades argentinas ordenan su expulsión. Su traslado se concreta durante la madrugada del 21 de agosto.
Con su llegada, la cifra de personas detenidas vinculadas al expediente asciende a 16, de las cuales 12 son exservidores públicos. Los hermanos permanecen recluidos en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Ambos enfrentan cargos por delincuencia organizada en materia de hidrocarburos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. La acusación todavía debe ser resuelta por las autoridades judiciales.
