La Fiscalía General de la República sostiene que Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, habría ordenado desaparecer grabaciones relacionadas con el caso Ayotzinapa. El material provenía de cámaras instaladas en el exterior del Palacio de Justicia de Iguala y presuntamente registró la detención de un autobús donde viajaban estudiantes la noche del 26 de septiembre de 2014.
Las cámaras 12 y 15 habrían captado el momento en que policías municipales y estatales interceptaron la unidad 1531 de Estrella de Oro. Aunque inicialmente se afirmó que los videos no existían debido a fallas técnicas, la investigación ministerial concluyó que esa explicación era falsa.
Dos testigos protegidos señalaron al exgobernador
Ernestina Godoy, titular de la FGR, informó que un testigo colaborador confirmó en enero de 2026 la existencia de las grabaciones. Según su declaración, una persona sustrajo el material y lo entregó directamente a Aguirre, además de haber recibido amenazas que explicarían su silencio durante años.
En mayo, un segundo testigo protegido declaró que el entonces gobernador habría instruido, durante una reunión con mandos de alto nivel, eliminar cualquier evidencia vinculada con los hechos registrados en el Palacio de Justicia. La Fiscalía considera que el ocultamiento habría sido una operación deliberada y no una omisión técnica aislada.
Aguirre enfrenta dos acusaciones federales
La FGR ejecutó una orden de aprehensión en el Estado de México por los presuntos delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas. La Fiscalía deberá presentar ante un juez los datos de prueba que sustenten ambas imputaciones.
Aguirre ha negado previamente haber ordenado la eliminación del material. En mayo de 2025 afirmó que nunca dio instrucciones sobre el manejo de las grabaciones. El exmandatario mantiene la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia definitiva.
