Un tribunal federal resolvió a favor de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, al dejar firme una sentencia que anuló la negativa del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para registrar la marca “Ministra del Pueblo”. La decisión representa un nuevo capítulo en la disputa legal iniciada por la ministra para obtener la protección jurídica del distintivo con el que se ha identificado públicamente desde su llegada al máximo tribunal del país.
El fallo se produjo después de que el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito desechó un recurso de revisión promovido por el IMPI contra una resolución previa emitida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). Con ello, quedó firme la determinación que consideró improcedente la negativa de registro de la marca.
La disputa entre Lenia Batres y el IMPI
La controversia comenzó cuando Lenia Batres solicitó registrar la expresión “Ministra del Pueblo” como una marca vinculada a actividades de educación, formación y difusión cultural. Sin embargo, el IMPI rechazó inicialmente la solicitud, argumentando razones relacionadas con la procedencia del registro.
Ante la negativa, la ministra promovió un juicio contencioso administrativo ante el TFJA para impugnar la decisión. En abril de este año, la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual concluyó que la actuación del instituto había sido ilegal y carecía de una fundamentación suficiente.
El tribunal administrativo calificó la resolución del IMPI como “incongruente”, “limitada” e “incompleta”, por lo que ordenó dejarla sin efectos y reexaminar el caso conforme a criterios jurídicos más amplios.
El recurso del IMPI fue desechado
Tras la resolución favorable a Batres, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial intentó revertir el fallo mediante un recurso de revisión fiscal. No obstante, el tribunal colegiado determinó que dicho recurso no cumplía con los requisitos legales de importancia y trascendencia exigidos para su procedencia.
Como consecuencia, la sentencia emitida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa quedó firme y la autoridad administrativa perdió la posibilidad de continuar impugnando el asunto por esa vía.
La resolución no implica automáticamente la expedición definitiva del título de marca, pero sí elimina el principal obstáculo legal que impedía continuar con el trámite solicitado por la ministra.
¿Por qué Lenia Batres busca registrar la marca?
De acuerdo con la propia ministra, el objetivo de la solicitud es proteger jurídicamente el uso de la expresión “Ministra del Pueblo”, un apelativo que ha utilizado de manera constante en actividades públicas, redes sociales y eventos relacionados con su labor dentro de la Suprema Corte.
Batres sostuvo que el registro permitiría preservar ese signo distintivo frente a posibles usos indebidos por terceros y garantizar su identificación pública bajo esa denominación. También calificó la negativa inicial del IMPI como una decisión “arbitraria” y alejada de las facultades que corresponden a la autoridad administrativa.
La ministra ha utilizado este sobrenombre desde su incorporación a la SCJN y durante el proceso electoral judicial de 2025 solicitó incluso que el distintivo apareciera asociado a su nombre en materiales relacionados con su participación pública.
Una decisión que genera debate
La resolución ha reactivado el debate sobre el uso de denominaciones personales por parte de funcionarios públicos y miembros del Poder Judicial. Mientras algunos consideran que se trata de un legítimo ejercicio de protección de marca, otros han cuestionado si el uso de este tipo de distintivos puede asociarse con estrategias de posicionamiento político o de imagen pública.
Especialistas en propiedad intelectual señalan que el registro de una marca no implica necesariamente la validación del contenido o significado de una expresión, sino únicamente el reconocimiento de derechos de uso dentro de determinadas categorías comerciales o de servicios.
Por ahora, la decisión judicial representa una victoria legal para Lenia Batres, quien logró revertir la negativa inicial del IMPI y mantener vigente el procedimiento para registrar oficialmente la denominación con la que se ha presentado ante la opinión pública durante los últimos años.
