El caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, escaló a un nuevo nivel tras la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos, la cual ha sido rechazada por autoridades mexicanas al considerar que no existen pruebas suficientes que sustenten las acusaciones.
La situación ha generado un choque político y diplomático, con posicionamientos encontrados entre el gobierno federal, legisladores y la oposición.
México cuestiona acusaciones de Estados Unidos
Autoridades mexicanas señalaron que la solicitud de extradición carece de elementos probatorios sólidos, lo que impide proceder legalmente en este momento. La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que realizará una investigación propia para determinar si existen bases jurídicas que justifiquen acciones en territorio nacional.
Además, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) enviará un extrañamiento al gobierno estadounidense por irregularidades en el proceso, particularmente por la difusión pública de información que debía mantenerse confidencial.
“Los hechos narrados carecen de elementos probatorios suficientes”, es uno de los argumentos centrales expuestos por autoridades mexicanas.
Rocha Moya y funcionarios rechazan señalamientos
El gobernador Rubén Rocha Moya negó las acusaciones y aseguró que se trata de una estrategia política sin sustento. El mandatario afirmó que continuará con sus funciones y que cuenta con respaldo del gobierno federal.
Otros funcionarios señalados, como el senador Enrique Inzunza, también rechazaron los cargos y cuestionaron el momento en que se dieron a conocer, sugiriendo motivaciones políticas detrás del caso.
“Estamos tranquilos; no va a pasar nada”, expresó Rocha Moya en respuesta a los señalamientos.
Morena respalda a funcionarios; oposición exige acciones
Legisladores de Morena cerraron filas en defensa de los funcionarios acusados, señalando que sin pruebas no se puede dar validez a las imputaciones. Figuras como Ignacio Mier calificaron el caso como especulativo y sin sustento jurídico.
En contraste, partidos de oposición exigieron medidas más contundentes, incluyendo la posibilidad de desaparecer poderes en Sinaloa y permitir una investigación amplia sobre los señalamientos.
Este contraste refleja una polarización política en torno al caso.
Advertencia de EU y contexto internacional
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, advirtió que cualquier acto de corrupción que facilite al crimen organizado será investigado y procesado dentro de su jurisdicción.
Esta postura forma parte de una estrategia más amplia del gobierno estadounidense para combatir redes del narcotráfico que operan en ambos países, aunque ha generado cuestionamientos sobre posibles actos de injerencia.
Antecedentes que alimentan el debate
El caso recuerda episodios previos, como el del general Salvador Cienfuegos en 2020, cuando autoridades estadounidenses solicitaron su detención sin que posteriormente se acreditaran cargos en México.
Este antecedente ha sido utilizado por actores políticos para cuestionar la solidez de las investigaciones provenientes de Estados Unidos.
Escenario político y diplomático en evolución
El caso se mantiene en desarrollo y podría escalar dependiendo de la información que se presente en los próximos días. Mientras tanto, la FGR analizará el expediente y definirá si procede alguna acción legal.
La situación no solo impacta el ámbito judicial, sino también la relación bilateral entre México y Estados Unidos, en un momento clave para la cooperación en materia de seguridad.
En este contexto, el caso Rocha Moya se posiciona como uno de los más relevantes en la agenda política nacional, con implicaciones que podrían extenderse en el corto y mediano plazo.
