El exdirector del FBI, James Comey, compareció este miércoles ante un tribunal federal, en el arranque de un proceso penal en su contra que, según especialistas en derecho, presenta importantes dificultades para la fiscalía y podría ser complicado de sostener para el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Comey fue acusado formalmente en Carolina del Norte por presuntamente emitir amenazas contra el presidente Donald Trump. El caso gira en torno a una imagen publicada en redes sociales el año pasado, en la que aparecían conchas marinas acomodadas formando la secuencia “86 47”.
Para las autoridades, estos números podían interpretarse como una amenaza hacia Trump, identificado como el presidente número 47. Sin embargo, el propio Comey ha sostenido que entendió el mensaje como una expresión política, sin intención violenta, y que eliminó la publicación al percatarse de que algunos usuarios la estaban interpretando de otra forma.
Esta es la segunda acusación que enfrenta en el último año. La primera, relacionada con presuntos delitos de declaraciones falsas y obstrucción de la justicia, fue desestimada por un juez en 2025.
James Comey, exdirector del FBI, se entrega tras ser imputado por amenazas contra Trump
El reto principal para los fiscales será demostrar que Comey tuvo la intención de emitir una amenaza real o, al menos, que actuó ignorando el riesgo de que su mensaje pudiera percibirse como tal. Aunque la acusación señala que actuó de forma “consciente y deliberada”, no se han presentado públicamente pruebas que respalden esa afirmación.
El fiscal general interino, Todd Blanche, evitó dar detalles sobre los elementos con los que cuenta el gobierno para acreditar la intencionalidad.
Diversos expertos coinciden en que las protecciones de la Primera Enmienda, así como precedentes de la Corte Suprema de Estados Unidos, representan un obstáculo relevante para la acusación.
John Keller, exfuncionario del Departamento de Justicia, señaló que el término “86” es ambiguo y no necesariamente implica una amenaza violenta. Además, subrayó que el hecho de que la publicación se realizara de manera abierta en redes sociales debilita la idea de una intención delictiva.
El caso fue presentado en el Distrito Este de Carolina del Norte, debido a que la fotografía habría sido tomada en una playa de esa región. No obstante, la audiencia inicial se llevó a cabo en un tribunal federal en Alexandria, lugar de residencia de Comey.
La Corte Suprema ha definido que una declaración pierde protección constitucional cuando alcanza el umbral de una “amenaza genuina”. Para ello, los fiscales deben demostrar que el acusado comprendía —o ignoró de forma imprudente— el carácter amenazante de sus palabras.
En una resolución de 2023, el máximo tribunal estableció que debe existir una “comprensión subjetiva” de dicha naturaleza. Al mismo tiempo, ha reconocido que el discurso político, incluso cuando es exagerado o provocador, está protegido.
Un antecedente clave data de 1969, cuando la Corte determinó que un manifestante contra la guerra de Vietnam no incurrió en amenaza al referirse de forma hipotética al entonces presidente Lyndon B. Johnson. El contexto y la reacción del público fueron factores determinantes para considerar que no existía intención real de violencia.
El significado de “86” y la defensa de Comey
Según el diccionario Merriam-Webster, “86” es una expresión coloquial que puede significar “expulsar” o “rechazar”. Aunque en algunos contextos recientes se ha asociado con “eliminar” o incluso “matar”, ese uso no está plenamente consolidado.
Tras la polémica, Comey eliminó la publicación y aclaró: “No me di cuenta de que algunas personas asocian esos números con la violencia. Me opongo a la violencia de cualquier tipo”.
De acuerdo con el exfiscal federal John Fishwick, es probable que el gobierno argumente que, por su experiencia como exdirector del FBI, Comey debía comprender el posible significado de los términos utilizados.
No obstante, el propio Fishwick reconoce que ese planteamiento podría ser difícil de sostener frente a las garantías constitucionales de libertad de expresión.
En la misma línea, Jonathan Turley, académico de la Universidad George Washington, advirtió que el caso plantea preocupaciones relevantes sobre los límites de la libertad de expresión. A su juicio, si una acusación de este tipo prospera, podría abrir la puerta a sancionar amplios segmentos del discurso político en Estados Unidos.
En este contexto, el proceso contra Comey no solo pone a prueba los argumentos de la fiscalía, sino también el alcance de las protecciones constitucionales en materia de expresión política.
