El gobierno de Claudia Sheinbaum salió a responder con fuerza al reciente informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU. La postura fue clara: el documento es tendencioso, parcial y con falta de rigor.
Y no fue una reacción tibia. Fue un rechazo frontal.
El punto de quiebre
El informe de la ONU señala que en México existen indicios de desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, basándose en patrones que, según el organismo, han ocurrido en distintos momentos y regiones del país.
Además, el documento ya fue turnado al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lo que eleva el nivel del señalamiento.
Pero para el gobierno mexicano, el problema no es solo el contenido… sino cómo se construyó.
La respuesta del gobierno: “sesgado y sin rigor”
A través de un comunicado conjunto de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación, el gobierno cuestionó directamente el informe.
Entre los principales señalamientos:
- Falta de rigor jurídico
- Premisas consideradas “ligeras”
- Evaluación parcial
- Posible conflicto de interés de uno de los integrantes del comité
Incluso se acusó que el grupo de expertos ignoró información actualizada presentada por el Estado mexicano antes de publicar el documento.
El punto clave: a quién responsabiliza el informe
Uno de los elementos que más tensión generó fue el alcance temporal del análisis.
Según el gobierno, el informe se centra principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, es decir, durante los gobiernos de:
- Felipe Calderón
- Enrique Peña Nieto
Desde la actual administración, se insiste en que no existen indicios de una política sistemática de desapariciones en los gobiernos recientes.
La narrativa oficial: sí hay problema, pero no en este periodo
Aquí hay un matiz importante.
El gobierno no niega la existencia de desapariciones forzadas en México. Pero sí marca distancia en términos de responsabilidad.
Su postura es que:
- El problema existe
- Tiene raíces en administraciones anteriores
- Actualmente hay esfuerzos institucionales para atenderlo
De hecho, señalan que el informe omite avances recientes, incluyendo reformas y acciones implementadas en los últimos años.
Más que un informe, un choque de narrativas
Lo que estamos viendo no es solo una discusión técnica.
Es un choque entre dos formas de leer la misma realidad:
- La ONU, que habla de patrones estructurales
- El gobierno, que pone el foco en el contexto histórico y los cambios recientes
Y en medio, un tema que sigue siendo uno de los más sensibles del país.
Lo que sigue
El informe ya está en manos del secretario general de la ONU, lo que podría escalar el tema a un nivel internacional más alto.
Mientras tanto, el gobierno mexicano mantiene su postura: el documento no refleja con precisión la situación actual ni los esfuerzos institucionales en marcha.
Más allá del cruce de declaraciones, el fondo del tema sigue ahí.
Y la pregunta no cambia:
cómo se explica, se mide y, sobre todo, se enfrenta uno de los problemas más complejos del país.
