El Congreso dio luz verde a una reforma que busca poner fin a las llamadas “pensiones doradas” que reciben exfuncionarios de alto nivel en México, estableciendo un límite a los montos que pueden percibir tras dejar el servicio público.
La iniciativa, impulsada por el gobierno federal, plantea que las jubilaciones de altos mandos no podrán superar el 50% del salario de la persona titular del Ejecutivo. Con ello, se pretende reducir los pagos excesivos financiados con recursos públicos y alinearlos con una política de austeridad.
Actualmente, existen casos en los que extrabajadores de organismos públicos reciben pensiones mensuales que van desde cientos de miles hasta más de un millón de pesos, lo que ha generado críticas por considerarse un privilegio desproporcionado frente al ingreso promedio de la población.
Adiós a las pensiones doradas: el fin de los privilegios
La reforma aplicará principalmente a exfuncionarios de alto rango y personal de confianza en entidades como empresas productivas del Estado, organismos descentralizados y fideicomisos públicos. Sin embargo, no afectará a trabajadores sindicalizados ni a quienes cuentan con derechos establecidos en contratos colectivos.
Además, se ha aclarado que la medida no tendrá efectos retroactivos, por lo que quienes actualmente reciben estas pensiones continuarán con sus condiciones, aunque los nuevos esquemas quedarán sujetos a los límites establecidos.
Con este cambio, el gobierno estima generar ahorros significativos que podrían destinarse a programas sociales, al tiempo que se busca eliminar privilegios y promover una mayor equidad en el uso de los recursos públicos.
Se calcula que con esta nueva reforma se ahorrarán 5 mil millones de pesos cada año, que podrán destinarse a programas sociales en beneficio de las y los mexicanos, principalmente de los que viven en situación vulnerable.
Se tienen datos de que durante el periodo neoliberal se fijaron pensiones y jubilaciones de hasta un millón de pesos mensuales, lo que resulta verdaderamente injusto y desproporcionado. Se trata de pensiones en instituciones como Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, la Compañía de Luz y Fuerza y del Banco de México.
