El Partido Revolucionario Institucional (PRI) pidió que el proceso penal contra Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, se conduzca con estricto apego a la ley, respeto a la presunción de inocencia y sin motivaciones partidistas.
Manuel Añorve, coordinador del PRI en el Senado, señaló que corresponde a las autoridades esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. El legislador sostuvo que la justicia debe aplicarse bajo los mismos criterios para todas las personas, independientemente de su trayectoria o afiliación política.
¿De qué acusan a Ernesto Ruffo?
Ruffo Appel fue detenido el 16 de julio de 2026 en Ensenada. La Fiscalía General de la República lo investiga por los presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, relacionados con operaciones atribuidas a la empresa Ingemar, de la cual es accionista.
Según la acusación ministerial, la organización habría declarado volúmenes de combustible inferiores a los transportados o registrado mercancías distintas para evitar obligaciones fiscales. La investigación contempla 162 carros tanque y 4 mil 238 operaciones realizadas entre enero y julio de 2025. La autoridad estima un posible daño superior a 4 mil millones de pesos.
Prisión preventiva y resolución judicial pendiente
Un juez ordenó prisión preventiva contra Ruffo Appel, quien fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como El Altiplano. La defensa solicitó duplicar el término constitucional de 72 a 144 horas para presentar elementos antes de que se resolviera su situación jurídica.
El exmandatario gobernó Baja California entre 1989 y 1995 y fue el primer candidato de oposición en ganar una gubernatura al PRI. Su defensa pública ha negado que conociera irregularidades en las operaciones señaladas y sostiene que la empresa únicamente gestionaba trámites de importación.
El caso genera confrontación política
El PAN ha denunciado una posible persecución política, mientras Morena rechaza esa interpretación y asegura que la investigación forma parte del combate al contrabando de combustibles. El PRI evitó pronunciarse sobre la culpabilidad o inocencia de Ruffo y centró su postura en solicitar legalidad e imparcialidad.
La responsabilidad penal deberá ser establecida por el Poder Judicial con base en las pruebas presentadas por la Fiscalía y la defensa. Hasta que exista una sentencia firme, Ruffo conserva jurídicamente la presunción de inocencia.
