La iniciativa del gobernador Greg Abbott busca arrojar luz sobre los costos que suponen estos pacientes, aunque los datos actuales muestran que los inmigrantes tienden a usar menos los servicios hospitalarios.
A partir del 1 de noviembre, los hospitales de Texas deberán preguntar a sus pacientes sobre su estatus migratorio, medida ordenada por el gobernador Greg Abbott con el objetivo de trasladar los costos del cuidado médico de migrantes irregulares al gobierno de Joe Biden.
De acuerdo con Abbott, las políticas de frontera abierta de la administración actual hacen que los contribuyentes paguen los gastos médicos de personas en situación migratoria irregular.
En Florida, donde el gobierno estatal es encabezado por el partido republicano, se mantiene una ley similar que no ha demostrado eficacia.
¿Negarán atención a migrantes? Hospitales de Texas preguntarán estatus legal por orden de Abbott
Actualmente, cuando una persona acude a un hospital en Florida, se cuestiona al paciente sobre su estatus migratorio. Las cifras establecen que ocho por ciento de las personas no responde. La cifra baja un punto porcentual cuando se trata de pacientes que acuden por una emergencia hospitalaria.
Los datos indican que menos del un por ciento de las personas admitidas en un hospital o en una sala de urgencias respondió estar en Estados Unidos de manera ilegal.
La Asociación de Hospitales de Texas aseguró que, independientemente de si los pacientes responden o no a la pregunta sobre su status migratorio, la atención médica no se verá interrumpida.
No obstante, los hospitales estarán obligados a proporcionar los datos recabados en marzo de 2024, o enfrentarán la pérdida de pagos por parte del plan estatal de Medicaid.
La medida es respaldada por organizaciones conservadoras como la Fundación de Políticas Públicas de Texas (TPPF), que señalan que los costos relacionados con la atención médica de inmigrantes indocumentados no deberían recaer en empresas privadas y hospitales.
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