La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el gobierno federal no procederá con una eventual solicitud de detención o extradición contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, si las autoridades de Estados Unidos no presentan pruebas que sustenten las acusaciones en su contra.
La declaración se produjo durante la conferencia matutina de este lunes, en medio de la controversia generada por los señalamientos emitidos por una oficina del Departamento de Justicia estadounidense, que busca acciones legales contra Rocha Moya y otros exfuncionarios sinaloenses por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
México exige evidencias antes de actuar
La mandataria enfatizó que hasta ahora las autoridades estadounidenses no han entregado la documentación probatoria necesaria para justificar una medida de detención con fines de extradición.
Sheinbaum sostuvo que el gobierno mexicano ha mantenido una postura clara respecto al caso: cualquier procedimiento deberá apegarse a los mecanismos legales vigentes y sustentarse en evidencia verificable. De lo contrario, la solicitud podría ser rechazada por las autoridades nacionales.
La presidenta recordó que las acusaciones por sí solas no son suficientes para activar procesos de esta naturaleza y que corresponde a las instituciones competentes analizar cualquier expediente que sea enviado formalmente por el gobierno estadounidense.
El caso continúa bajo revisión
De acuerdo con la información difundida por el gobierno federal, la petición enviada desde Estados Unidos se encuentra en análisis y todavía no existe una resolución definitiva sobre el procedimiento.
La figura jurídica planteada por las autoridades estadounidenses corresponde a una detención provisional con fines de extradición, un mecanismo utilizado para asegurar a una persona mientras se desarrolla un proceso formal entre ambos países. Sin embargo, México sostiene que para avanzar es indispensable contar con elementos probatorios suficientes.
La presidenta también señaló que un eventual rechazo de la solicitud no significaría el cierre definitivo del caso, ya que Estados Unidos podría presentar posteriormente una petición formal acompañada de pruebas adicionales o promover otros mecanismos jurídicos internacionales.
García Harfuch aclara situación de seguridad de Rocha Moya
Durante la misma conferencia, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que Rubén Rocha Moya no ha solicitado protección especial por parte del gobierno federal.
El funcionario explicó que tampoco existe una instrucción para brindarle medidas extraordinarias de seguridad y precisó que el mandatario con licencia continúa contando con escoltas asignados por autoridades estatales de Sinaloa.
La aclaración surgió luego de versiones que sugerían un posible reforzamiento de la seguridad para algunos de los funcionarios mencionados en las investigaciones impulsadas desde Estados Unidos.
El caso genera tensión entre México y Estados Unidos
Las acusaciones contra Rocha Moya se han convertido en uno de los temas más sensibles de la relación bilateral durante las últimas semanas. El gobierno mexicano ha cuestionado la falta de información pública sobre las evidencias que sustentan los señalamientos y ha insistido en que cualquier procedimiento debe respetar la soberanía nacional y el debido proceso.
Por su parte, autoridades estadounidenses han mantenido las investigaciones relacionadas con presuntos nexos entre funcionarios públicos y organizaciones criminales, lo que ha derivado en nuevas fricciones diplomáticas entre ambos gobiernos.
Analistas consideran que la evolución del caso podría influir en la cooperación bilateral en materia de seguridad y combate al narcotráfico, especialmente en un contexto donde ambos países mantienen agendas conjuntas relacionadas con el tráfico de drogas y el crimen organizado.
La decisión dependerá de las pruebas
Por ahora, la postura oficial del gobierno mexicano es que no habrá una extradición basada únicamente en acusaciones. La administración de Claudia Sheinbaum sostiene que cualquier acción legal deberá estar respaldada por pruebas sólidas que permitan a las autoridades mexicanas determinar si existen elementos suficientes para proceder conforme al marco jurídico nacional.
Mientras continúa la revisión del expediente, el caso de Rubén Rocha Moya se mantiene como uno de los asuntos políticos y judiciales más relevantes de la agenda nacional, con implicaciones que podrían extenderse al ámbito diplomático entre México y Estados Unidos.
