La diputada Alejandra Chedraui Peralta, del Partido Verde, impulsa la creación de un delito específico de abandono de personas adultas mayores. La propuesta, difundida el 16 de septiembre, plantea incorporar el artículo 335 Bis al Código Penal Federal y establecer una pena base de tres a seis años de prisión para quienes incumplan una obligación de cuidado y pongan en riesgo a la persona.
Las sanciones que plantea la iniciativa
El proyecto contempla multas de 300 a 600 unidades de medida y actualización, además de prisión. Alcanzaría a quien deba cuidar por parentesco, resolución judicial, tutela u otra obligación legal y provoque riesgo para la vida, salud física o psicológica o dignidad.
Las penas podrían aumentar hasta en una mitad cuando exista discapacidad, enfermedad crónica o dependencia, entre otros casos. También se consideran agravantes abandonar a la persona en hospitales, instituciones de asistencia, calles o lugares peligrosos.
Si el abandono ocasiona lesiones graves, la propuesta establece de seis a 10 años de prisión y multas de 600 a 1,000 UMA. Si provoca la muerte, prevé de 10 a 15 años y de 1,000 a 1,500 UMA. La iniciativa se encuentra en la Comisión de Justicia; esas sanciones no deben presentarse como una reforma ya aprobada.
Obligaciones que ya reconoce la ley
La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores establece responsabilidades para las familias, las instituciones y las autoridades. Su artículo 9 dispone que la familia debe proporcionar satisfactores para el cuidado, la atención y el desarrollo integral de sus integrantes mayores.
Entre las obligaciones familiares figuran otorgar alimentos conforme al Código Civil, favorecer la convivencia cotidiana y atender necesidades afectivas y de protección. La norma también exige evitar discriminación, explotación, abuso, aislamiento y actos que pongan en riesgo a la persona o su patrimonio.
Cuando una persona mayor se encuentra en una institución pública o privada, la ley contempla atender sus necesidades psicoemocionales y mantener los vínculos familiares. Por tanto, el ingreso a una residencia no elimina las responsabilidades para su entorno familiar.
Cuidados y dependencia: el contexto
La Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados de 2022 estimó 2.9 millones de personas adultas mayores con discapacidad o dependencia. De ellas, 65.2% recibía cuidados en su hogar. El dato corresponde a ese grupo específico y no representa una medición nacional de abandono.
La propuesta penal busca responder a conductas que generan riesgos o daños, mientras la legislación de derechos también comprende prevención, atención y bienestar. El dictamen deberá definir los elementos del delito.
La difusión reciente retoma una iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria del 14 de julio. Esa fecha debe distinguirse de la comunicación de septiembre: su presentación tiene antecedentes y permanece sujeta a dictamen.
