Legisladores del PAN y PRI expresaron preocupaciones por la consulta pública sobre los lineamientos destinados a garantizar los derechos de las audiencias de radio y televisión. La oposición señaló que la regulación debe evitar intervenciones indebidas en contenidos informativos y decisiones editoriales.
Kenia López Rabadán, vicepresidenta de la Comisión Permanente, pidió definir si las conferencias matutinas de la presidenta Claudia Sheinbaum y los gobiernos estatales deberán sujetarse a estas disposiciones. La legisladora panista consideró necesario precisar si la información difundida en esos espacios corresponde a opinión, análisis o contenido informativo.
PAN plantea revisar transmisiones en medios públicos
La propuesta contempla que los concesionarios de radio y televisión cuenten con un defensor de las audiencias encargado de recibir las inconformidades ciudadanas. Las quejas podrían ser revisadas posteriormente por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y, dependiendo del caso, derivar en sanciones.
López Rabadán sostuvo que la consulta debe eliminar ambigüedades y determinar si las mañaneras quedan comprendidas en la regulación, especialmente cuando son retransmitidas total o parcialmente por medios públicos. Desde su perspectiva, estos canales también tendrían que cumplir las disposiciones aplicables a las audiencias.
PRI acusa riesgo para la libertad de expresión
Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI, acusó al Gobierno federal de intentar establecer mecanismos de censura. El legislador criticó duramente el proyecto y advirtió que podría afectar las libertades informativas.
En contraste, Ignacio Mier, coordinador de la Junta de Coordinación Política, pidió esperar a que termine la consulta pública, programada durante 20 días. Explicó que el documento todavía puede modificarse con las observaciones de especialistas, medios y participantes del sector.
Manuel Huerta, senador de Morena, rechazó que el movimiento gobernante busque evitar los cuestionamientos y sostuvo que la crítica y la autocrítica deben formar parte de la vida pública.
El debate se concentra ahora en establecer hasta dónde llegará la regulación, cómo se protegerán las decisiones editoriales y si los contenidos emitidos desde espacios gubernamentales deberán cumplir las mismas obligaciones que las transmisiones de los concesionarios.
