En México no existe un monto máximo único para realizar cualquier pago en efectivo. Sin embargo, la legislación establece restricciones específicas para ciertas operaciones de alto valor, principalmente con el objetivo de prevenir el lavado de dinero y fortalecer la transparencia financiera.
Para 2026, los límites se calculan con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor es de 117.31 pesos. Esto significa que algunas compras o servicios no pueden liquidarse en efectivo cuando superan determinados montos.
Operaciones con límite para pagar en efectivo
De acuerdo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como Ley Antilavado, la compraventa de bienes inmuebles, como casas, departamentos o terrenos, no puede pagarse en efectivo cuando la operación supera las 8 mil 025 UMA, equivalentes a 941 mil 412.75 pesos.
Para otras operaciones, el límite es menor. La compra de vehículos nuevos o usados, joyas, relojes, metales preciosos, piedras preciosas, obras de arte, boletos de sorteos, juegos con apuestas, acciones, partes sociales y arrendamiento de inmuebles o vehículos no puede liquidarse en efectivo cuando el monto rebasa las 3 mil 210 UMA, es decir, 376 mil 565.10 pesos.
Cuándo es obligatoria la transferencia
Además de los límites de la Ley Antilavado, existen reglas fiscales para quienes buscan deducir gastos.
Según la Ley del Impuesto Sobre la Renta, cualquier pago mayor a 2 mil pesos que quiera considerarse deducible debe realizarse mediante transferencia electrónica, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, cheque nominativo o monedero electrónico autorizado.
Si una persona paga más de 2 mil pesos en efectivo, aunque tenga factura o CFDI, ese gasto no podrá deducirse fiscalmente.
Depósitos en efectivo también generan dudas
El SAT no establece un límite para depositar dinero en una cuenta bancaria. No obstante, las instituciones financieras deben reportar los depósitos en efectivo que superen los 15 mil pesos acumulados en un mes.
Este aviso no implica automáticamente el cobro de impuestos ni una sanción, pero permite a la autoridad revisar que el origen de los recursos sea lícito y coincida con los ingresos declarados.
