
El proceso para retirar el fuero al senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, volvió a cobrar fuerza en la Cámara de Diputados. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Campeche entregó nueva información para reforzar la solicitud de declaración de procedencia presentada contra el exgobernador por presuntos delitos cometidos durante su administración entre 2015 y 2019.
El expediente incluye acusaciones por presunto peculado, uso indebido de funciones y un supuesto desvío de 83.5 millones de pesos. La nueva documentación deberá ser analizada por la Sección Instructora cuando el Congreso reanude su periodo ordinario de sesiones en septiembre.
Sección Instructora deberá decidir si avanza el proceso
El siguiente paso será determinar formalmente si la solicitud cumple con los elementos necesarios para continuar. Si es admitida, comenzará la etapa de valoración de pruebas y de los argumentos de defensa de Moreno, antes de que eventualmente el asunto pueda llegar al Pleno de la Cámara de Diputados.
El desafuero no implica una declaración de culpabilidad. Su finalidad es determinar si se retira la inmunidad procesal del legislador para que pueda enfrentar un procedimiento penal como cualquier ciudadano.
Caso se reactiva en medio de confrontación entre Morena y PRI
La presión política aumentó después de las recientes visitas de Moreno a Washington, donde ha denunciado al Gobierno de Morena y ha acusado al oficialismo de mantener presuntos vínculos con el crimen organizado. Legisladores morenistas han respondido exigiendo que el proceso pendiente contra el dirigente priista sea retomado.
Moreno sostiene que las investigaciones forman parte de una persecución política y ha rechazado reiteradamente las acusaciones en su contra. La presidenta Claudia Sheinbaum, por su parte, ha señalado que la decisión sobre el desafuero corresponde a la Cámara de Diputados y a las autoridades de Campeche.
El expediente podría definirse en el último trimestre de 2026
Integrantes de la Sección Instructora consideran posible que el procedimiento registre avances durante el próximo periodo legislativo y que exista una definición hacia el último trimestre de 2026, aunque primero deberá completarse la revisión jurídica de la nueva documentación.
El caso coloca nuevamente a Alejandro Moreno en el centro de la confrontación política entre el oficialismo y la oposición, mientras la Cámara deberá determinar si existen elementos suficientes para retirar su fuero constitucional.












