La controversia en torno a los gobernadores de Sonora y Tamaulipas sumó un nuevo capítulo este lunes luego de que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) confirmara que ninguno de los dos mandatarios cuenta con un permiso especial de ingreso a territorio estadounidense, conocido como parole o Permiso por Beneficio Público Significativo.
La aclaración surge después de diversos reportes periodísticos que señalaban que los gobernadores Alfonso Durazo y Américo Villarreal podrían estar ingresando a Estados Unidos mediante un mecanismo migratorio especial, presuntamente relacionado con investigaciones en curso por parte de autoridades estadounidenses.
DHS descarta que tengan un permiso especial de ingreso
De acuerdo con una respuesta oficial enviada por el Departamento de Seguridad Nacional a medios estadounidenses, los gobernadores Alfonso Durazo Montaño y Américo Villarreal Anaya no han recibido un Significant Public Benefit Parole, figura migratoria utilizada de manera discrecional por autoridades estadounidenses para permitir el ingreso temporal de extranjeros sin necesidad de una visa convencional.
El DHS precisó que este tipo de autorización suele otorgarse cuando la presencia de una persona representa un beneficio público significativo, un interés gubernamental o una necesidad vinculada con la seguridad nacional de Estados Unidos.
La respuesta oficial resulta relevante porque pone fin a las especulaciones sobre la existencia de un permiso especial que habría permitido a ambos gobernadores cruzar la frontera pese a los cuestionamientos surgidos en días recientes.
El debate ahora se centra en el estatus de sus visas
Aunque el DHS negó la existencia de un permiso especial, la dependencia evitó pronunciarse sobre la situación migratoria de los mandatarios respecto a sus visas estadounidenses y remitió cualquier consulta al Departamento de Estado.
La polémica comenzó luego de reportes publicados por medios estadounidenses y retomados por diversas publicaciones mexicanas que aseguraban que las visas de ambos gobernadores habían sido revocadas como parte de investigaciones relacionadas con posibles vínculos con el crimen organizado.
Fuentes citadas por medios como Los Angeles Times y posteriormente por el semanario Zeta señalaron que las visas de ambos políticos aparecerían como revocadas dentro de los sistemas migratorios estadounidenses. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación pública oficial del Departamento de Estado que detalle el estatus de dichos documentos.
Durazo y Villarreal rechazan las acusaciones
Tanto Alfonso Durazo como Américo Villarreal han rechazado públicamente los señalamientos y han sostenido que no existe ninguna investigación formal en su contra por parte de autoridades estadounidenses.
Durazo calificó las versiones difundidas en medios como «infamias» y aseguró que mantiene una conducta pública transparente. Por su parte, Villarreal también ha negado que enfrente restricciones migratorias derivadas de investigaciones relacionadas con actividades ilícitas.
Las declaraciones de ambos gobernadores contrastan con la información atribuida a fuentes consultadas por medios estadounidenses, lo que ha generado un debate político que trasciende las fronteras entre México y Estados Unidos.
Un caso con implicaciones políticas y diplomáticas
La situación ocurre en un momento de creciente presión por parte del gobierno estadounidense hacia México en temas relacionados con seguridad, combate al narcotráfico y organizaciones criminales transnacionales.
Especialistas consideran que la falta de información oficial definitiva sobre el estatus migratorio de ambos mandatarios ha alimentado la especulación pública. Mientras el DHS ya descartó la existencia de un permiso especial de ingreso, la discusión sobre la vigencia o revocación de las visas continúa abierta.
Por ahora, la única confirmación oficial emitida por autoridades estadounidenses es que ni Alfonso Durazo ni Américo Villarreal cuentan con un parole o autorización especial para ingresar a Estados Unidos. El resto de las versiones sobre sus visas permanece sujeto a declaraciones de fuentes y a la ausencia de una postura pública definitiva por parte del Departamento de Estado.
