La Defensoría Social Ponciano Arriaga comenzó operaciones en el Zócalo de la Ciudad de México con un equipo de 100 abogadas y abogados, quienes brindarán asesoría jurídica gratuita a personas que enfrenten casos de despojo, conflictos patrimoniales y otros problemas legales.
El servicio funcionará todos los lunes a partir de las 16:00 horas y forma parte de la estrategia del gobierno encabezado por Clara Brugada para combatir el despojo de viviendas, terrenos y otros bienes en la capital.
Más de 300 personas acudieron durante el primer día
La respuesta ciudadana fue inmediata. Durante la primera jornada, más de 300 personas acudieron al Zócalo, algunas desde antes de las 8:00 horas, con expedientes, escrituras, denuncias y otros documentos relacionados con conflictos que en ciertos casos llevan varios años sin resolverse.
Los especialistas ofrecen orientación en materias civil, penal, familiar, ejidal, constitucional, condominal y laboral, además de canalización ante otras dependencias cuando sea necesario.
Clara Brugada aseguró que el objetivo es que la población tenga acceso a una defensa jurídica sin necesidad de contar con recursos para contratar un despacho privado.
No todos los casos corresponden al delito de despojo
La propia jefa de Gobierno reconoció que una parte importante de las denuncias que llegan a las autoridades corresponde en realidad a otros conflictos relacionados con propiedad, herencias, arrendamientos o falta de regularización.
De acuerdo con Brugada, de cada 10 denuncias recibidas diariamente, aproximadamente una tercera parte termina acreditándose como despojo, por lo que la nueva defensoría también tendrá la tarea de identificar correctamente la vía legal de cada caso.
La mandataria agregó que cerca de 50% de la población capitalina mantiene algún pendiente relacionado con la regularización de su propiedad.
Ciudadanos llegan con esperanza, pero también desconfianza
El inicio del programa generó opiniones encontradas. Algunas personas ven en la defensoría una nueva oportunidad para recuperar viviendas o destrabar expedientes que llevan años sin avances, mientras otras mantienen reservas después de haber acudido anteriormente a diversas instituciones sin obtener una solución definitiva.
Casos documentados durante la primera jornada incluyen denuncias iniciadas desde 2017 y 2020, lo que evidencia la complejidad y duración que pueden alcanzar los conflictos patrimoniales.
El reto de la Defensoría Ponciano Arriaga será, por tanto, pasar de la orientación inicial a un acompañamiento efectivo que permita resolver expedientes y prevenir nuevos despojos.
