Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California y una de las figuras históricas del Partido Acción Nacional, fue detenido en Ensenada como parte de una investigación federal por presunta delincuencia organizada y contrabando de combustibles.
Ruffo, de 79 años, pasó a la historia política de México en 1989, cuando ganó la gubernatura bajacaliforniana y se convirtió en el primer candidato opositor que arrebató al PRI el control de un estado mediante una elección. Su administración concluyó en 1995 y posteriormente ocupó cargos como senador, diputado federal y comisionado fronterizo durante el Gobierno de Vicente Fox.
Investigación apunta a operaciones de Ingemar
La Fiscalía General de la República relaciona la detención con operaciones de importación efectuadas presuntamente por Ingemar, S.A. de C.V., compañía en la que Ruffo se incorporó como accionista y secretario del consejo de administración en 2021.
La indagatoria se originó después del aseguramiento de aproximadamente 15.4 millones de litros de gasolina y diésel, almacenados en 129 carrotanques ferroviarios localizados en Coahuila. Las autoridades sostienen que algunos cargamentos habrían sido declarados como desperdicios de combustible o aceite quemado para evitar el pago de impuestos.
Ruffo negó responsabilidad en las importaciones
Antes de su captura, el exmandatario había rechazado que Ingemar fuera responsable del total del combustible asegurado. Argumentó que los carrotanques no pertenecían a la compañía y que esta únicamente realizaba trámites documentales relacionados con las importaciones.
“De hecho, nosotros ni vemos el combustible; vemos papeles”, declaró al explicar que la comprobación entre la mercancía transportada y la documentación presentada correspondía, según su versión, a las autoridades aduanales. Otro socio de la empresa, Ricardo Thompson Navarro, también fue detenido.
PAN exige respeto al debido proceso
La dirigencia panista solicitó que las autoridades actúen con transparencia, respeten la presunción de inocencia y demuestren que la procuración de justicia no responde a intereses políticos.
La detención no representa una sentencia condenatoria. La responsabilidad penal de Ruffo deberá determinarse mediante el proceso judicial, la presentación de pruebas y las resoluciones de los tribunales correspondientes.
