La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió reservar por cinco años la información relacionada con el costo, modelo y fecha de adquisición de su parque vehicular, integrado por 151 unidades.
La decisión fue tomada por el Comité de Transparencia del máximo tribunal tras una solicitud de información, en la que se pedían detalles sobre los vehículos oficiales, incluyendo unidades con características de seguridad especial.
De acuerdo con la respuesta oficial, aunque se confirmó el número total de vehículos en uso, los datos específicos fueron clasificados como información reservada.
Argumentan que divulgar datos pondría en riesgo a funcionarios
La Corte justificó la medida señalando que revelar estos detalles “podría poner en riesgo la vida, seguridad o salud” de las personas servidoras públicas que utilizan estas unidades.
El argumento central se basa en que los vehículos forman parte de estrategias de protección institucional, por lo que difundir información técnica o financiera podría vulnerar los protocolos de seguridad.
Además, se indicó que los autos con características especiales —como unidades blindadas— forman parte de esquemas de resguardo que deben mantenerse bajo confidencialidad.
Compra de camionetas blindadas detonó la solicitud
La solicitud de transparencia surgió después de que se hiciera pública la adquisición de nuevas camionetas blindadas para ministros del alto tribunal, lo que generó interés en conocer el costo total de estos vehículos.
Reportes señalan que algunas de estas unidades pueden alcanzar precios de hasta 4 millones de pesos, dependiendo del nivel de blindaje y equipamiento.
Sin embargo, pese a no haberse solicitado información sobre asignaciones específicas o placas, la Corte determinó que incluso los datos generales debían mantenerse reservados.
También se oculta información histórica de asignaciones
El Comité de Transparencia también rechazó revelar qué ministros han tenido asignados estos vehículos desde 1994 a la fecha, argumentando nuevamente razones de seguridad.
Incluso para periodos recientes, el tribunal indicó que no puede pronunciarse sobre la asignación de unidades, ya que ello interferiría con las estrategias de protección implementadas por sus áreas de seguridad.
En el caso de información más antigua, correspondiente a años previos, la Corte señaló que no cuenta con registros disponibles.
Debate entre seguridad y transparencia pública
La decisión ha abierto un debate sobre los límites entre la protección de funcionarios y el acceso a la información pública, especialmente tratándose de recursos financiados con dinero público.
Por un lado, el Poder Judicial sostiene que la confidencialidad es necesaria para garantizar la integridad de sus integrantes; por otro, especialistas advierten que restringir estos datos puede afectar la rendición de cuentas.
“Divulgar esta información vulneraría las capacidades de reacción ante riesgos”, sostiene la postura oficial, en un contexto donde la seguridad institucional se ha convertido en un factor prioritario.
