El Senado de la República aprobó una reforma constitucional para limitar las pensiones y jubilaciones de servidores públicos en entidades y organismos del Estado, con el objetivo de evitar pagos considerados excesivos o desproporcionados financiados con recursos públicos.
La propuesta fue aprobada con 116 votos a favor en lo general, mientras que en lo particular obtuvo 109 votos a favor y seis abstenciones, lo que permitió que el proyecto avanzara en el proceso legislativo. Tras la votación, el dictamen fue remitido a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual aprobación.
La reforma forma parte de una iniciativa impulsada por el gobierno federal que busca establecer límites claros a las pensiones que reciben exfuncionarios de alto nivel dentro de empresas productivas del Estado, organismos descentralizados y otras entidades públicas.
El objetivo: terminar con las llamadas “pensiones doradas”
Uno de los puntos centrales de la reforma es establecer un límite máximo para las pensiones de altos funcionarios del sector público, con el propósito de evitar jubilaciones millonarias que en algunos casos han superado el millón de pesos mensuales.
El dictamen establece que ninguna pensión o jubilación podrá superar el 50% del salario de la persona titular de la Presidencia de la República, lo que actualmente equivale aproximadamente a 70 mil pesos mensuales.
Con esta medida, los legisladores buscan eliminar privilegios que, según el diagnóstico presentado durante la discusión, se han mantenido en diversas entidades públicas y empresas del Estado.
Durante el debate legislativo, el senador Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, explicó que la reforma pretende evitar pensiones “desproporcionadas” financiadas con dinero público.
Aplicación de la reforma y excepciones
La reforma constitucional contempla que el límite a las pensiones se aplique a trabajadores de confianza en organismos descentralizados, empresas productivas del Estado, fideicomisos públicos y bancos de desarrollo, entre otras entidades.
Sin embargo, el dictamen también establece algunas excepciones. Entre ellas se encuentran las pensiones de las Fuerzas Armadas y las jubilaciones derivadas de contratos colectivos de trabajadores sindicalizados, las cuales no se verán afectadas por la nueva disposición.
Además, el proyecto incluye disposiciones transitorias para ajustar las pensiones existentes al nuevo límite establecido por la Constitución.
Posibles ahorros para las finanzas públicas
De acuerdo con estimaciones presentadas durante el proceso legislativo, limitar las pensiones elevadas podría generar ahorros de aproximadamente 5 mil millones de pesos anuales para las finanzas públicas.
El argumento central de la reforma es que estos recursos podrían destinarse a programas sociales y políticas públicas dirigidas a sectores de la población con mayores necesidades.
La iniciativa surgió después de que autoridades federales señalaran que algunos exdirectivos de entidades públicas como empresas productivas del Estado reciben pensiones significativamente superiores a las de la mayoría de los trabajadores mexicanos.
La reforma continúa su proceso legislativo
Tras su aprobación en el Senado, el proyecto de reforma constitucional deberá ser discutido y votado por la Cámara de Diputados. Si es avalado por los legisladores federales, el siguiente paso será su aprobación por la mayoría de los congresos estatales del país.
Este procedimiento es necesario para que una reforma constitucional entre en vigor en México.
Mientras tanto, el debate sobre las pensiones de exfuncionarios públicos continúa siendo uno de los temas relevantes dentro de la agenda política y económica del país, especialmente en el contexto de las políticas de austeridad y de la discusión sobre el uso de recursos públicos.
