El Senado de la República dio un paso importante en la discusión de una reforma constitucional que busca poner fin a las llamadas “pensiones doradas” que reciben algunos exfuncionarios de alto nivel en México. La iniciativa plantea establecer límites a las jubilaciones consideradas excesivas dentro de organismos públicos y empresas del Estado.
Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos aprobaron el dictamen que forma parte de la propuesta impulsada por el gobierno federal. Con esta modificación, se pretende establecer un tope máximo para las pensiones que perciben antiguos funcionarios de alto mando.
El proyecto contempla que las jubilaciones de estos exfuncionarios no puedan superar 70 mil pesos mensuales, cifra que se vincula con el salario del titular del Poder Ejecutivo federal.
Objetivo: eliminar privilegios en jubilaciones del sector público
El debate sobre las pensiones millonarias ha cobrado relevancia en los últimos años, especialmente por casos en los que extrabajadores de instituciones públicas reciben montos muy superiores a las pensiones promedio del país.
Durante la discusión legislativa se mencionaron ejemplos de exfuncionarios que perciben pensiones mensuales que alcanzan hasta un millón de pesos, mientras que cientos de personas reciben montos superiores a los 300 mil pesos mensuales en algunos organismos públicos.
Para los impulsores de la reforma, este tipo de beneficios representa una desigualdad frente a la situación de millones de mexicanos que dependen de pensiones mucho más bajas.
En ese sentido, algunos legisladores han defendido la iniciativa como una medida para garantizar mayor equidad en el sistema de remuneraciones del sector público.
Oposición respalda la medida pero advierte sobre retroactividad
A pesar de que diversos partidos de oposición han manifestado respaldo a la idea de limitar estas jubilaciones, varios legisladores señalaron posibles problemas jurídicos en el diseño de la reforma.
El senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio, advirtió que reducir pensiones previamente otorgadas podría implicar una aplicación retroactiva de la ley.
“La disminución de las pensiones es un acto retroactivo”, advirtió el legislador durante la discusión, al señalar que la Constitución establece que ninguna norma debe aplicarse retroactivamente en perjuicio de una persona.
En la misma línea, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, expresó que aunque es necesario eliminar privilegios, la propuesta podría generar inconsistencias al vincular el tope de pensiones al salario del presidente.
Próximo paso: discusión en el pleno del Senado
Tras su aprobación en comisiones, el dictamen fue turnado para su discusión en el pleno del Senado, donde se prevé que los legisladores analicen posibles ajustes antes de su votación definitiva.
La iniciativa forma parte de una serie de reformas impulsadas para reducir privilegios dentro de la administración pública. Según estimaciones presentadas durante el debate, limitar estas pensiones podría generar ahorros de miles de millones de pesos al año para el erario.
Mientras continúa la discusión legislativa, el tema de las pensiones de altos funcionarios se mantiene como uno de los puntos más sensibles dentro del debate sobre el gasto público y la equidad en el sistema de jubilaciones en México.
