La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, responde a las críticas sobre la salida de la energética española Iberdrola y subraya que fue una decisión corporativa, no una imposición del Estado. Analizamos el trasfondo de esta operación y sus implicaciones para el sector energético del país.
Una transición energética con foco nacional
Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, ha reafirmado que la salida de la empresa española Iberdrola del país se debió a una decisión empresarial y no a presiones gubernamentales. En entrevista con medios, Sheinbaum desmintió versiones que señalan que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador habría obligado a la energética a vender parte de sus activos en México como parte de una estrategia de nacionalización energética.
“Ellos decidieron vender sus plantas, fue una decisión empresarial. No hubo presión por parte del gobierno mexicano”, declaró Sheinbaum. Agregó que incluso, durante las negociaciones, Iberdrola buscó “una salida digna” del país, y que esta operación no representa una expropiación ni un conflicto diplomático.
El acuerdo: un cambio de manos, no de modelo
En abril de 2023, Iberdrola anunció la venta de 13 plantas de generación eléctrica al fideicomiso México Infrastructure Partners (MIP), por un monto de aproximadamente 6,000 millones de dólares. Estas plantas, en su mayoría de ciclo combinado y alimentadas por gas natural, ahora son operadas bajo un esquema público-privado donde el gobierno federal tiene injerencia, pero no posesión directa.
Sheinbaum explicó que esta operación no constituye una nacionalización ni una estatización como en otras épocas del país. “No se expropió nada. Fue una venta voluntaria”, reiteró. Además, destacó que la participación de MIP y el financiamiento proporcionado por Nacional Financiera (Nafin) demuestra que el sector privado sigue siendo clave, pero con una mayor participación del Estado.
¿Por qué se va Iberdrola?
El contexto detrás de la salida de Iberdrola es más amplio que una simple transacción comercial. Desde el inicio del sexenio de López Obrador, la administración federal promovió una política energética con fuerte énfasis en la soberanía energética, impulsando a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y limitando ciertos privilegios que habían obtenido empresas privadas, muchas de ellas extranjeras, durante las reformas del sexenio anterior.
En ese marco, Iberdrola fue una de las compañías más criticadas por el presidente, quien llegó a calificarla como un símbolo de los “abusos del pasado”. La empresa, en cambio, expresó en varias ocasiones su disposición a colaborar con el país, aunque también advirtió sobre un entorno menos favorable para sus operaciones.
Sheinbaum ha sido clara en continuar el enfoque de fortalecimiento del sector público, pero con un matiz: el impulso decidido a las energías renovables.
Rumbo a una nueva política energética
Uno de los puntos que más ha subrayado Sheinbaum es su intención de diversificar la matriz energética del país. Si bien celebra que el Estado tenga un mayor control de la generación eléctrica, también ha dicho que se buscará impulsar la inversión en energías limpias como la solar, eólica e hidroeléctrica.
“Vamos a trabajar para que haya una transición energética ordenada, con justicia social y con la participación de todos los actores, incluyendo los privados”, indicó.
En ese sentido, la salida de Iberdrola no implica un cierre a la inversión extranjera. Por el contrario, la futura presidenta ha dicho que el país necesita capital para desarrollar infraestructura verde, y que buscará diálogo con empresas responsables que compartan la visión de un México sostenible.
Reacciones y repercusiones
A nivel internacional, la salida de Iberdrola ha generado reacciones encontradas. Algunos analistas ven esta operación como una muestra de que las condiciones para las inversiones privadas están cambiando en México. Otros señalan que se trató de un movimiento estratégico por parte de Iberdrola para salir de un mercado que ya no era prioritario, concentrando sus esfuerzos en Europa y otras regiones con políticas más afines a su modelo de negocio.
En España, el tema incluso fue abordado en medios políticos, pero hasta el momento no ha escalado a un conflicto diplomático. La embajada española en México no ha emitido comentarios formales y las relaciones bilaterales siguen su curso.
Una oportunidad en medio del cambio
La salida de Iberdrola puede interpretarse como un punto de inflexión en la política energética mexicana. Aunque algunos la leen como una advertencia para la inversión privada, Sheinbaum insiste en que es una oportunidad para redefinir el rol del Estado en el sector, sin cerrar la puerta al capital extranjero.
La narrativa que se construye en torno a esta operación será crucial para atraer nuevos jugadores al sector energético y para mantener la estabilidad de los mercados. Todo dependerá de la capacidad del próximo gobierno para comunicar certeza jurídica, reglas claras y una visión compartida hacia una transición energética justa.
